El gobierno de Daniel Scioli respaldó la quita de los subsidios a los servicios de luz, gas y agua corriente que impulsa la administración nacional, al anunciar que a través de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) brindará información catastral de un total de 6,5 millones de partidas inmobiliarias, con su ubicación geográfica y la valuación fiscal de cada una de esas propiedades. La información, en un principio, será enviada al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que pueda comenzar a delimitar e identificar los barrios y zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires donde se debería aplicar la supresión de los subsidios sobre la energía eléctrica.

Los especialistas de ARBA difundieron un mapa con las principales urbanizaciones cerradas en la provincia. Se trata de un total de 820 complejos, entre los que se encuentran countries, clubes de campo y barrios privados. Según el organismo bonaerense, la mayoría de las urbanizaciones cerradas se encuentra en los distritos de Pilar (174), Tigre (99), Escobar (68) y San Isidro (41). Las fuentes oficiales explicaron que en los 820 complejos cerrados hay un total de 108.000 partidas inmobiliarias. Estas serían el blanco del análisis para determinar si las familias que viven allí necesitan recibir el subsidio a la electricidad o pueden renunciar a ese beneficio. El acuerdo fue rubricado entre el titular de ARBA, Martín Di Bella; el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y el presidente del ENRE, Mario de Casas.

SECRETO FISCAL

Consultado sobre si el convenio podría violar el secreto fiscal, un vocero de ARBA aseguró que la información suministrada al ENRE es sólo cartográfica. "Si bien figura la valuación de los inmuebles y los metros cuadrados de construcción, no se mencionan los nombres de los propietarios ni ningún otro dato que pudiera comprometer el secreto fiscal", aseguró.  La fuente afirmó que en la cláusula séptima del contrato de acuerdo se deja constancia de que "toda la información intercambiada entre las partes será considerada confidencial y no será utilizada para fines ajenos a los del presente ni podrá ser suministrada y/o usufructuada por terceros sin el consentimiento escrito de la parte que provea dicha información".

En diálogo con LA NACION, la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Flava Melzi, afirmó: "Si bien se puede considerar que el acuerdo de difundir información catastral está en el límite de violar el secreto fiscal, lo cierto es que no lo viola, ya que no se ven comprometidos los datos". Además del intercambio de información, el convenio prevé el acceso a la cartografía digital de toda la provincia y la colaboración recíproca en distintos campos. Desde ARBA estamos satisfechos de poder colaborar con información que permita avanzar en términos de justicia y equidad social, direccionando los subsidios de los servicios públicos hacia los vecinos que realmente los necesitan", dijo Di Bella.

Por su parte, De Casas señaló: "Se va a hacer un trabajo casi artesanal, muy personalizado, para que mantengan los subsidios sólo quienes no puedan pagar el total de la energía que consumen". El acuerdo fue anunciado ayer, 48 horas después de que un grupo de intendentes del norte del conurbano bonaerense criticara la medida que impulsa el gobierno de Cristina Kirchner para que sean los propios jefes comunales los que identifiquen las zonas más ricas de sus distritos y confeccionen un listado con esas áreas, donde deberán ser eliminados los subsidios a la luz, gas y agua corriente. Los intendentes había advertido que la medida "es discriminatoria" y "estigmatiza a la clase media". Incluso, jefes comunales oficialistas expresaron su preocupación por la diversidad que presentan los distintos barrios del conurbano y la complejidad para definir a cuáles zonas se les deberán quitar los subsidios.

Fuente: La Nación

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