En esos 10 años, los proyectos mineros activos en el país han pasado de 18 en 2003 a 613 en la actualidad, según el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Luis Manuel Álvarez.

Un auge que se refleja en el volumen de las exportaciones (que ronda los 5.300 millones de dólares en la actualidad) y también en la mano de obra empleada, en torno al medio millón de trabajadores.

Para atraer las inversiones en el sector, Argentina ofrece desde los años 90 un marco legal muy beneficioso para las empresas del sector, que pagan pocas regalías y deben cumplir mínimos requisitos ambientales.

PROYECTO PIONERO EN CHILE

2014 será un año de inflexión con la puesta en marcha de nuevos proyectos. Entre los más destacados se encuentran las minas de oro y plata de Cerro Negro y Don Nicolás, ambas en la provincia patagónica de Santa Cruz; el Potasio Río Colorado, en Mendoza; y el Salar de Olaroz, un proyecto de extracción de litio potasio en Jujuy, al norte del país.

Pero tal vez el proyecto más destacado, y más polémico, sigue siendo el de Pascua-Lama. Situado en la frontera entre Argentina y Chile, en plena cordillera andina, se trata del primer proyecto binacional del mundo de oro y plata. Con una inversión de 8.500 dólares a cargo de la multinacional canadiense Barrick Gold y una vida útil estimada en 25 años, se espera que cuando esté en pleno funcionamiento se extraigan unas 800.000 onzas de oro y 35 millones de onzas de plata al año.

El Gobierno recuerda las importantes inversiones que representa la minería: sólo estos cinco proyectos supondrán para la Argentina inversiones por 9.235 millones de dólares en sólo cuatro años. El sector supuso en 2012 una entrada de divisas de 3.145 millones de dólares.

Y, a lo que parece, se trata de una apuesta a largo plazo: por ello, Álvarez sostiene que, en los próximos 20 años, Argentina se situará "entre los principales países exportadores de cobre, oro, plata, litio y potasio del mundo". Eso sí: de momento, son contadas las excepciones de empresas argentinas involucradas en un sector que copan multinacionales australianas, norteamericanas, brasileñas y, sobre todo, canadienses.

PRESIÓN ECOLOGISTA

Sin embargo, la sociedad argentina, de norte a sur del país, ha dejado claro que no apoya un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, y se ha manifestado especialmente en contra de la megaminería a cielo abierto, por las importantes consecuencias ambientales y paisajísticas que conlleva.

Desde 2003, 70 asambleas ciudadanas en 15 provincias del país se han articulado en torno a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). En algunos casos, como en la provincia patagónica de Chubut, han conseguido frenar proyectos mineros. Los movimientos ecologistas subrayan el despilfarro de agua que supone la megaminería a cielo abierto.

Según el diputado Fernando Pino Solanas, en el proceso de lixiviación, por el que se separa la roca del oro después de detonar la montaña, se pueden llegar a emplear entre 80 y 100 millones de litros de agua al día. Así sucede en grandes proyectos como el de Veladero, en la provincia de San Juan, que no se caracteriza por su abundancia de recursos hídricos.

"El modelo de la megaminería plantea un conflicto territorial: compite por recursos, como la tierra y el agua, y reestructura e influye en la forma de vida de las poblaciones locales", afirma la investigadora Maristella Svampa. Las principales afectadas son las comunidades indígenas y campesinas: la llegada de los proyectos mineros hacen inviables sus modos de vida basados en la pequeña agricultura, la caza y la pesca.

Para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), "la minería depreda, contamina, vulnera derechos" y es incompatible con la idea de sostenibilidad. La CAOI denuncia además que todos los beneficios económicos se los llevan las multinacionales extranjeras, a quienes "los Estados nacionales otorgan todas las facilidades tributarias, laborales y mínimos requisitos ambientales y sociales".