La iniciativa fue aprobada en la anteúltima sesión tras haber logrado despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, votado por los mismos diputados que tiempo atrás detractaron la iniciativa, advirtiendo que la creación de un impuesto a las mineras podría acarrear despidos en el sector con denuncias por su inconstitucionalidad, entre otras.

Pero además, los diputados querían que se modifique la forma en que se distribuiría el dinero y que la ley se dé según la 1.494 para sanear el déficit de la Caja de Previsión que, según el Presupuesto 2013, llega a los 934 millones de pesos.

De este modo, se buscó que el 50% de lo recaudado en función del Impuesto Inmobiliario vaya a cubrir ese déficit y un 32% a los municipios, un 10% para equiparar las asignaciones familiares y el 8% restante destinado al municipios que tengan minería en su localidad.

Esto abrió el camino a una posibilidad: que el Gobernador pueda vetar la ley para que vuelva al Parlamento, cosa que finalmente no sucedió ya que los diputados encontrados con la iniciativa se abstuvieron del voto. Ya el año pasado -según cálculos oficiales-, el Impuesto Inmobiliario Minero hubiese dejado 12,5 millones a las arcas públicas, a las que se le sumarian 150 millones para este año.

Lo cierto es que el capítulo del impuesto que se encontraba bajo la órbita de la reforma fiscal, salió según los cálculos del Gobierno provincial y esta semana el Gobernador pondrá la firma a la promulgación que permitirá poner en vigencia la tan discutida ley.

Vale mencionar que la CAMICRUZ, ya amenazó con llevar a la Justicia el reclamo por la inconstitucionalidad de la ley, en el entendimiento de que la misma pone en peligro las fuentes laborales y la sustentabilidad de la actividad en el terruño.