Las futuras declaraciones juradas de impacto ambiental también estarán en poder de los municipios, y en manos de las comunidades involucradas, cuando en el medio estén las organizaciones aborígenes.

El proyecto de 188 artículos está siendo pulido por el secretario de Minería, Gustavo Ferreyra, y será enviado a tratamiento legislativo por iniciativa del Poder Ejecutivo provincial en los próximos días con acuerdo de ministros.

De confirmarse, sería discutido en única vuelta. En lo atinente a la responsabilidad social empresaria se prevé que todos los titulares de permisos mineros deberán entregar una declaración jurada describiendo las actividades.

En la actualidad no existe en la actual norma, dentro de la Ley N° 3.673, que los titulares de derechos mineros deban informar con antelación sobre la intención de venta de activos; con lo cual ahora si quedará estipulada la obligatoriedad. Serán incorporados otros apartados en relación a que el volumen que salga de una cantera tenga una guía interna de porte.

En este marco, se establecerá en el nuevo código que se pueda retener maquinaria por al menos 72 horas y hacer reserva de denuncia penal cuando se detecte mineral ilegal. Otra sección estará destinada a atender el patrimonio de la creada empresa minera. Cuando los permisos mineros queden vacantes, se autorizará mediante esta norma modificada que puede disponer de los bienes, a los 180 días de que queden sin dueño.

La elaboración de todas las secciones cuentan con aportes de colegios profesionales y abogados expertos en la temática, indicaron fuentes oficiales. Las pautas a poner en práctica contarán además con artículos relacionados con la promoción de consultas públicas para futuras exploraciones. El anterior código de procedimientos mineros data de 2002.