El gobernador Martín Buzzi defendió la ley que el martes por la noche, ya madrugada del miércoles, aprobó la mayoría de la Legislatura de Chubut. También defendió el trabajo realizado por el bloque del Frente para la Victoria que, en búsqueda del consenso de la totalidad de la Cámara, modificó la propuesta presentada seis meses antes por las asambleas ciudadanas, por la que se impulsaba un endurecimiento de la Ley 5.001, con la que se ponía una barrera casi prohibitiva al desarrollo de la minería en la provincia. “Creo que lo que se aprobó tuvo un consenso importante y plantea una salida lógica para buscar la opinión de la gente y de la comunidad. El hecho de que se avance consultas no sólo es necesario sino que le da la legitimidad que tiene que tener cada uno de los proyectos que quieran desarrollarse”, sostuvo en declaraciones emitidas por Radio Del Mar.

LICENCIA SOCIAL

Buzzi volvió a hablar, en ese contexto, de la “licencia social” que debe conseguir cada uno de los proyectos mineros que quieran desarrollarse. Por esa razón, hizo hincapié en el debate previo y la consulta popular que los diputados impusieron en la ley aprobada por mayoría el martes y que en la práctica sustituyó a la propuesta que las asambleas ciudadanas presentaron por iniciativa popular.

En el mismo tono agregó que “no hay oportunidad de desarrollo económico si antes no hay licencia social”. Y afirmó que la misma no es otra cosa que “la gente a través de las propias organizaciones definiendo y diciendo. Creo que la salida y la alternativa que se ha planteado es lógica y coincido plenamente”, remarcó.

“La opinión de la gente y la comunidad siempre hay que tenerla en consideración y en cuenta”, dijo. Así valoró “el hecho que por cada proyecto se avance en una consulta yo creo que es absolutamente necesario que sea así”.

Sobre el debate que debe darse en este período de 120 días en los que mediante la ley sancionada el martes se suspende por completo toda actividad minera metalífera en la provincia, Buzzi ratificó: “desde el Gobierno se garantizará que se escuchen todas las opiniones”. Y reiteró “que cada proyecto que quiera presentarse tiene que atravesar todas la instancias necesarias, tener el impacto ambiental y lo esencial, el acompañamiento y la licencia social”.