La denuncia y el pedido de detención preventiva contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva radicados la semana pasada por el Ministerio Público de San Pablo serán analizados por el juez federal Sergio Moro, a cargo de la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por decisión de una jueza paulista que el ex mandatario anunció que recurrirá.

Los abogados de Lula, Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins, dijeron en un comunicado que recurrirán ante el Tribunal de Justicia de San Pablo (TJSP) la resolución de la jueza del Tribunal Penal 4 paulista, María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, por considerar que los cargos contra el ex jefe del Estado no tienen relación con el caso Petrobras.

Los fiscales Cássio Conserino, José Carlos Blat y Fernando Henrique de Moraes Araújo, acusaron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de lavar dinero y falsedad ideológica en el caso de un departamento en Guarujá, litoral de San Pablo, y entre los argumentos, la jueza determinó que el caso ya es blanco de investigación de la Justicia Federal. También decidió levantar el secreto de sumario, citaron las agencias Brasil247 y Brasil y el sitio web O Globo.

Ernandes Veiga Oliveira entiende que los posibles delitos relacionados con esta propiedad están bajo investigación de la Operación Lava Jato, que reúne todas las causas Petrobras, y deben ser investigados en el marco de las investigaciones abiertas a nivel federal.

Así, el proceso pasa a ser responsabilidad del juez Moro, del tribunal de Curitiba, Paraná, quién luego de recibir la denuncia, deberá encaminarla al Ministerio Público Federal (Fiscalía) en Curitiba quién podrá ratificar o no el pedido realizado por los fiscales paulistas.

Antes de conocerse la decisión de la jueza, el ex presidente arremetió contra los fiscales que solicitaron el pedido de prisión: “Si usted anda detrás de la verdad, mande arrestar a un ciudadano de la Fiscalía que dice que el departamento es mío”, dijo al referirse al departamento de Guarujá por el que le imputan los delitos de blanqueo de dinero y falsificación de documentos.

La noticia, que impactará en el PT , donde se quejan por la supuesta “parcialidad” del juez Moro, cae un día después de las protestas multitudinarias que ayer sacudieron las calles de todo el país, y cuando el gobierno y la oposición comienzan a prepararse para un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

La mandataria, que aclaró el pasado viernes que no iba a renunciar, analizó hoy con sus asesores el impacto político de las movilizaciones del domingo que abren camino a varias opciones barajadas por la oposición como el impeachment, la renuncia y la reforma del modelo de gobierno.

“No podemos desconocer el tamaño de la manifestación”, declaró el jefe del grupo oficialista en el Congreso, José Pimentel, sobre las manifestaciones, consideradas las mayores en la historia del país y que movilizaron al menos a más de 3 millones de personas para exigir la destitución de la mandataria.

En ese encuentro, explicó el legislador, se decidió que la base parlamentaria oficialista promueva un amplio diálogo para impedir que el proceso contra Rousseff prospere.

“Tenemos que conversar y escuchar mucho” y eso debe hacerse con “todos” los partidos políticos, incluidos los de oposición, que son los que alientan el proceso contra la mandataria, afirmó Pimentel.

Para la oposición, en tanto, el mensaje enviado desde las calles es “clarísimo”. Los brasileños “han dicho que quieren que este Gobierno acabe”, declaró Antonio Imbassahy, jefe del bloque de diputados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD), citó la agencia EFE.

El proceso con miras a la posible destitución de Rousseff comenzó el año pasado, pero fue interrumpido en diciembre por una decisión de la Corte Suprema, que detectó “errores de procedimiento” en los trámites.

El presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, anticipó que su intención es que el proceso sea retomado este jueves, un día después de que la Corte Suprema se pronuncie sobre esos errores y sobre cómo se debe seguir el trámite.

“Intentaremos que sea así”, dijo Cunha, quien forma parte del ala disidente del aliado PMDB y que también está acusado en el caso Petrobras por lavado de dinero.

El PMDB es liderado por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución de la mandataria, y este sábado, en una convención nacional, las facciones más díscolas reclamaron que el partido rompa con el Gobierno y pase a apoyar los intentos de la oposición por ponerle fin al mandato de Rousseff.

Sin embargo, el PMDB acordó postergar esa definición por un plazo de 30 días, en el que aclaró que los afiliados al partido no podrán asumir nuevos cargos en el Gobierno.

Por otro lado, este lunes trascendió que Lula dijo durante la declaración que le tomó la Policía el 4 de marzo que va a ser candidato a la Presidencia de Brasil en las elecciones de 2018, porque hay “mucha gente” que lo está “provocando”.

“Todo lo que están haciendo conmigo va a hacer que cambie de opinión. Estoy viejito, estaba queriendo descansar, pero voy a ser candidato a la Presidencia en 2018, porque creo que mucha gente me está provocando, van a aguantar provocación de aquí hacia delante”, recalcó el ex jefe de Estado durante la declaración prestada a la Policía Federal, cuando fue obligado a ir a una comisaría en el marco de la investigación sobre la corrupción enquistada en la petrolera estatal.

“Yo espero que cuando termine esto alguien me pida disculpas. Alguien diga: disculpa, por el amor de Dios, fue una equivocación”, señaló Lula al delegado de la Policía, según lo que trascendió hoy a la prensa.

También el ex mandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acusó a los medios de comunicación de “amedrentar” con sus titulares a la Policía, a la Fiscalía y a la Corte Suprema.