El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, desestimó enviar la causa que instruye contra Cristóbal López por su deuda de casi 8.000 millones de pesos de impuestos a la AFIP a un juzgado de Comodoro Rivadavia.

El estrado judicial donde se investigará la deuda de López no es un tema menor, ya que el juez sospecha la influencia que el empresario kirchnerista pueda ejercer sobre los tribunales de Chubut, de donde es oriundo, donde mantiene su residencia y una amplia red de relaciones.

Por eso, a pesar de los intentos de López, Furnari le prohibió que avance con sus planes de mudar la sede de Oil Combustibles a la provincia de Chubut, y así ordenó comunicárselo a la Inspección General de Justicia (IGJ). Consideró que debía impedirse todo cambio de sede social de la petrolera "que implique una modificación de jurisdicción de los organismos de contralor".

Hoy, el magistrado volvió a impedir la mudanza de la causa y no hizo lugar al "pedido de remisión de estos actuados al juzgado de primera instancia de ejecución penal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut" y dispuso que la causa "continúe su trámite ante este juzgado".

Entre otras razones, Furnari argumentó que no puede mandar el expediente porque "la concursada" por López en Comodoro Rivadavia -Oil Combustibles SA- y las demás compañías del grupo demandadas en Buenos Aires "resultan parte obligada e inescindible del proceso".

Las causas contra López

Furnari tramita una causa iniciada por un pedido de medida cautelar que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos en reclamo de 7.665.771.438,63 pesos que López adeudaría al organismo tributario por no pagar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).

En paralelo se tramita una causa por "Asociación ilícita" en el fuero federal. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se cite a indagatoria al ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, como también a López y De Sousa, por irregularidades con el impuesto al combustible, en el marco de una causa por asociación ilícita donde se investiga al matrimonio Kirchner.

El pedido fue formulado ante el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa abierta por la presunta existencia de una banda delictiva, a partir de una denuncia que radicaron la diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (CC-ARI) en 2008, donde acusaron al matrimonio de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios y allegados.