Una minera chilena instalada a pocos kil贸metros de la frontera con Argentina cre贸 una escombrera de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino, en el que arroj贸 unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi m谩s de 52 hect谩reas, que un estudio privado concluy贸 que ya arras贸 con algunas lagunas, sec贸 vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al r铆o San Juan. El gobierno provincial firm贸 un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no ser谩 removido y la compa帽铆a chilena s贸lo ser谩 responsable por la calidad de la obra durante 10 a帽os. Exigen la intervenci贸n del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos t贸xicos.

La historia empez贸 en 2004, cuando el gobierno chileno autoriz贸 a la firma Antofagasta Minerals la instalaci贸n de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la s茅ptima mina de cobre m谩s grande del mundo. El botadero se us贸, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. All铆 arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neum谩ticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje 谩cido, una forma de contaminaci贸n.

La escombrera mide 105 hect谩reas, lejos de las 88 que le hab铆an autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Reci茅n en 2011 sali贸 a la luz que la mitad 鈥揳lgo as铆 como 70 canchas de River Plate鈥� est谩 ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pach贸n, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.

Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pach贸n le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron o铆dos sordos. Glencore se encontr贸 con un peso pesado de la megaminer铆a: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic 鈥搖no de los m谩s poderosos de Chile鈥� y un consorcio japon茅s, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.

En 2014, Glencore present贸 una demanda civil, en la que reclam贸 la "mudanza" del botadero a Chile, la remediaci贸n ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era "oportunista".

El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autoriz贸 el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geogr谩fico Militar de Chile a mediados de la d茅cada del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese a帽o lo 煤nico que ocurri贸 es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los l铆mites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos pa铆ses.

Ante la falta de avances judiciales, Glencore present贸 en marzo del a帽o pasado una denuncia penal contra los 煤ltimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerd谩 Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. 驴Los supuestos delitos? Usurpaci贸n, usurpaci贸n de aguas, contrabando y violaci贸n a le ley de residuos peligrosos. La Fiscal铆a consider贸 que hab铆a que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanz贸. (鈥�)