Las empresas de transporte y distribución de gas postergarán las inversiones que no afecten la calidad ni la seguridad del suministro, en respuesta al congelamiento de las tarifas que se prolongó hasta al menos el Io de enero de 2020.

Mediante la Resolución 521 de la Secretaría de Energía, el Gobierno oficializó ayer el aplazamiento del ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1 de octubre y habilitó a las empresas a revisar y adecuar “en su exacta incidencia� las inversiones obligatorias pactadas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017- 2021.

La medida era esperada por las firmas gasíferas tras la crisis desatada en las últimas semanas. Incluso antes de las elecciones el Gobierno había prometido que las tarifas no iban a aumentar hasta 2020, con lo que la resolución fue simplemente la oficialización de ese compromiso.

En clave política, no obstante, Energía le traspasó a la próxima gestión, que sería encabezada por Alberto Fernández si se repitieran los resultados de las PASO, la tarea de continuar con las subas de tarifas para recomponer los ingresos de las compañías de gas.

De acuerdo a las opiniones que recogió El Cronista de los voceros de transportistas y distribuidoras, las empresas se tomarán unas semanas para analizar las obras que tendrán que postergar por los menores ingresos que recibirán vía tarifas. Tienen tiempo hasta el próximo 4 de octubre para presentar los planes.

“No vamos a escatimar recursos en seguridad ni calidad de servicio y los planes de expansión de las redes van a seguir como estaban previstos, pero dejaremos de gastar en la renovación de las oficinas comerciales�, respondieron en una distribuidora.

En las RTI de gas y también de electricidad, el Gobierno había propuesto en 2016 ajustes semestrales con relación directa aunque no automática con la variación de los precios mayoristas. El índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) tiene una reacción siempre que sube el dólar, por lo cual la reciente devaluación deberá ser en algún momento trasladado a las tarifas, de acuerdo al marco regulatorio.

Las compañías sostienen que los costos de las materias primas para sus obras están dolarizados, excepto la mano de obra que utilizan. “Veremos qué obras podemos suspender o postergar para adaptarnos�, manifestaron ante la consulta.

El plan original de inversiones de las nueve licenciatarias de distribución de gas y las dos transportistas contemplaba desembolsos por $ 42.000 millones en moneda constante de fines de 2016, unos u$s 2600 millones entre abril de 2017 y marzo de 2022.

En las empresas esperan que en una eventual gestión de Alberto Fernández haya por lo menos un año de congelamiento de tarifas o un evidente atraso, hasta que se estabilice la macroeconomía. Pasado el sacudón, algunos dudan sobre la continuación de las subas, dada la seducción popular que significa mantener fijas las tarifas en un contexto de recuperación del salario real.

Una de las últimas obras que se concretaron antes de esta nueva turbulencia cambiaría y financiera fue la llegada de las redes de distribución de gas a Chaco, tal como contó este diario semanas atrás. La operación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), obra empezada por el kirchnerismo y acelerada en esta gestión, quedará en manos de Transportadora de Gas del Norte (TGN).