Columnas de fuego, lluvia de petróleo en llamas, 93 muertos y un daño ambiental irreparable. Así fue la catástrofe en el Golfo de México en 2019 por el robo de crudo a la empresa Pemex. Ese mismo escenario pudo haberse dado en nuestro país con las perforaciones ilegales a YPF.

Así lo advierten quienes estuvieron a cargo de desbaratar a la banda que robaba petróleo de un oleoducto de la empresa estatal, lo refinaba y lo vendía como nafta o gasoil. De hecho, en febrero pasado uno de los “operarios” de la organización criminal murió por las quemaduras que sufrió en una explosión al perforar un caño en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

La banda estaba conformada por 21 personas y funcionaba como “células” que no se conocían ni tenían contacto una con otra. “El que lideraba ya tenía antecedentes por hechos similares”, dijo a Clarín una fuente del caso. “Eran profesionales y contaban con información precisa.

Si no, no podrían haber hecho todo eso”, agregó el investigador. Entre los miembros había técnicos, metalúrgicos con experiencia en la perforación de caños de acero, soldadores y personal vinculado a la industria petrolera.

Y también había una pata política.

Dentro de los involucrados se encuentran Gerardo Rodríguez, un conocido puntero de Lanús, y Alberto Torres, concejal del mismo distrito por el bloque Juntos por el Cambio.

En ese distrito del sur del Conurbano funcionaba una refinería que procesaba el crudo robado para después insertarlo en una red de distribución que incluía a particulares y estaciones de servicio de bandera blanca.

“Mayormente producían gasoil y también algo de nafta. No eran combustibles de buena calidad pero suficiente para hacer funcionar los motores”, dijo a Clarín uno de los investigadores.

Para llevar adelante las punciones, como se denomina a la modalidad de pinchar este tipo de tuberías, los ladrones tenían dos modos de operar. La más sofisticada y que requería más financiación consistía en alquilar un campo por el que sabían que pasaba el oleoducto. (...)