Hasta ayer a la madrugada todavía era un misterio saber qué haría el Gobierno con los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono, que debían actualizarse en base a la inflación acumulada de los dos primeros trimestres del año. Las dos alternativas que se discutían era prorrogar la suba o aplicarla, pero sin que se traslade a los precios finales; es decir, que las empresas absorban el mayor costo.

Finalmente, el Ministerio de Economía resolvió que el aumento de impuestos se hará, pero solo sobre la base de la inflación acumulada del primer trimestre (un incremento menor) y se aplicará dentro de 15 días. Esto podría suponer que el aumento del impuesto sí se trasladará a precios, ya que en la fecha elegida se cumplirá un mes del último aumento de precios y dos meses del anterior.

De esta forma, las empresas aprovecharían para trasladar a precios no solo la actualización impositiva, sino para aplicar un incremento mayor y seguir con la recomposición de ingresos, que viene impulsando YPF en los últimos 45 días.

En el sector calculan que todavía se necesitan aumentos de entre 4% y 5% en los precios de venta en los surtidores para que estén en línea con la paridad de exportación (el valor que obtienen las empresas por el petróleo exportado, restándoles los costos de transporte y las retenciones).

Ayer, a través del decreto 783, el Gobierno indicó que “las circunstancias actuales y la necesaria estabilización de los precios ameritan que la actualización del primer trimestre de 2020 surta efectos desde el 16 de octubre de 2020 inclusive, y que toda otra actualización se suspenda hasta el 1º de diciembre de 2020”.

En concreto, el Gobierno debía aumentar ayer 13,6% los impuestos.

Esta suba, a su vez, implicaba un alza en surtidor de 3,3% para las naftas y de 2,3% para el gasoil sobre los precios de la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de Energy Consilium.

Sin embargo, el Ministerio de Economía resolvió actualizar los impuestos sobre la base del primer trimestre del año, cuando la inflación acumulada fue de 7,8%, lo que resultaría en incrementos de 1,9% y 1,3%, respectivamente, según la consultora.

En el acumulado del año, los precios promedio de los combustibles aumentaron a nivel país 8,2% (en AMBA, 11,3%), mientras que en el mismo período, la inflación acumulada es de aproximadamente 20% y la devaluación en el mercado mayorista es de 20,64%.

El mercado de combustibles no está regulado por el Estado –como sí sucede con las tarifas de gas y electricidad–, pero el Gobierno incide sobre el precio a través de YPF, empresa bajo control estatal, que tiene el 55% de participación en el despacho de nafta y gasoil.

Sergio Affronti, CEO de YPF, ya había avisado que su estrategia para el segundo semestre del año era cuidar la caja de la empresa: mantener un nivel de ingresos que le permita sostener las inversiones.

“Nos fijamos un precio promedio para el segundo semestre y un objetivo de precios a alcanzar para diciembre de este año”, dijo en un video al alto management de la compañía.

Producto de la menor movilidad, las refinerías –entre las que se encuentran también Raízen (a cargo de las estaciones de servicio Shell), Axion y Puma Energy– también se ven impactadas por el menor consumo de combustibles: la demanda todavía sigue 25% por debajo de los volúmenes de venta de febrero, previos a la pandemia.

Este número equivale a la caída de 15% en los volúmenes que tiene el consumo de gasoil y al 35% de contracción que tiene la demanda de naftas, según el último informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Argentina (Cecha).

Por otro lado, la Secretaría de Energía tiene en carpeta volver a implementar el barril criollo, que establece un precio mínimo al mayor insumo que tienen las refinerías.

Esta medida se da en un contexto en el cual el precio internacional del barril no supera los US$41 desde hace unas semanas, lo cual afecta también las regalías que cobran las provincias petroleras.