La Cámara de Diputados tiene pendiente el debate sobre la prórroga de la Ley de Biocombustibles, que expira en 2021. Patricia Charvay y Nicolás Arceo establecen sobre qué puntos debería estructurarse ese debate. Advierten sobre el precio de los bios, que desde 2010 siempre fue más caro que el del gasoil; cuantifican el impacto en la balanza comercial y el alto costo fiscal del esquema promocional; y explican por qué el contexto energético actual es completamente opuesto al que existía en 2006 cuando se aprobó la Ley. 

La producción de biocombustibles en nuestro país experimentó un sensible dinamismo a lo largo de la última década, tras la implementación del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles instaurado a través de la Ley N° 26.093 en el año 2006. Sin embargo, los objetivos perseguidos por el régimen promocional en términos de lograr un abaratamiento de los combustibles en el mercado local y mejorar el déficit externo de la economía argentina estuvieron lejos de verificarse.  

¿Por qué? En primer lugar, desde el inicio del corte obligatorio en 2010, el costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles. En efecto, a lo largo de la última década tanto el precio del biodiesel como del etanol se han situado por encima de los valores del gasoil y la nafta puros a salida de refinería (es decir, deduciendo el costo del biocombustible). De este modo, desde la implementación del régimen de promoción, la utilización de bios ha derivado en un mayor costo de los combustibles en surtidor para los consumidores.

Ese sobrecosto fue parcialmente compensado a través de la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a los biocombustibles, proceso que derivó en una merma en los ingresos fiscales tanto del Estado Nacional como de las provincias, ya que se trata de un impuesto coparticipable.

Al mismo tiempo, la reducción de ingresos fiscales fue aún mayor por el hecho de que para la elaboración de los biocombustibles se utilizan, por lo general, insumos que conforman la canasta exportadora argentina y cuya venta al exterior tributa derechos de exportación. Es decir, que la elaboración de biocombustibles ha significado que se dejaran de exportar productos por los cuales el Estado Nacional hubiera percibido ingresos fiscales. 

Cabe señalar que, si bien el biodiesel exportado también tributa derechos de exportación, su alícuota es sensiblemente inferior a la verificada para el aceite de soja. Estos dos efectos combinados —exención de los impuestos sobre los combustibles y menor recaudación por retenciones a las exportaciones— han determinado que el saldo fiscal derivado de la producción de biocombustibles en el país haya sido deficitario a lo largo de la vigencia del régimen promocional. En números, el costo fiscal acumulado asociado a la elaboración de biocombustibles se ubicó en torno a los US$ 6.000 millones, de los cuales la mayor proporción lo explica la producción de biodiesel. (...)