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¿Para qué sirve realmente el Plan Gas 4? Una mirada optimista de largo plazo

19/01/2021 | ARGENTINA | Actualidad | 368 lecturas | 22 Votos



La principal consecuencia del PG4 es que, a diferencia del Plan Gas 1 o la Resolución 46, este contiene elementos que estimulan la contractualización a mediano plazo entre la demanda residencial y los productores domésticos




Por Pablo Rueda, socio Martínez de Hoz & Rueda La Argentina se distingue de sus países vecinos en cuanto a que el porcentaje de penetración del gas natural en su matriz energética es de aproximadamente un 25%, comparado, por ejemplo, con un 2% de Brasil.  

Esta alta penetración se debe principalmente a su extensa red de distribución residencial, comparable con los países más desarrollados en gas natural, como por ejemplo los Países Bajos. Este consumo residencial de gas natural tiene una alta estacionalidad en el invierno, característica que influye significativamente en todo el mercado mayorista de gas natural, y particularmente en la disponibilidad invernal de gas natural para las industrias, y el potencial de desarrollo de proyectos de exportación. Por ejemplo, la demanda promedio de julio 2019 fue de 150  millones de metros cúbicos por día, mientras que en marzo de 2019 fue de 102.  

Esto crea el dilema que, aun en escenarios en donde nos sobra gas natural, hay períodos en que es necesario importar para cubrir los picos de invierno.  Es por ello que el reciente Plan Gas 2024 implementado por el Gobierno (PG4) adjudica distintos precios para el período estival (siete meses con un factor de descuento de 0.82) que para el período invernal (cinco meses con un factor incremental de 1.25).  

Esto no solo reconoce la mayor demanda durante el invierno, sino que abre la puerta para futuros desarrollos de almacenaje de gas natural. Otra característica que nos distingue de nuestros vecinos, es el gap entre lo que paga el consumidor residencial de gas natural y lo que cuesta el gas natural en el mercado interno (producción doméstica) o externo (importación). En 2015 el usuario residencial argentino pagaba un diez por ciento del costo del gas consumido. El saldo es subsidio, ya sea del Estado o del productor doméstico, al cual muchas veces se lo obliga a vender por debajo del mercado, congelando tarifas, impidiéndole exportar o creando derechos de exportación.  

Este gap se redujo significativamente hasta el 2019 en que empezó nuevamente a aumentar. En este escenario nace el PG4 a las apuradas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 892/2020 del 16 de noviembre de 2020, intentando frenar la caída de la producción local del gas natural, producto de la coyuntura macro, el congelamiento tarifario de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública N° 27.541 y la pandemia. Es que la consecuencia de no ocuparse de la caída de producción doméstica,  es necesariamente el incremento de la importación de energía, sea gas natural, GNL o sus sustitutos más caros, gas oil y fuel oil. 

Más allá del relato, para todo el espectro político, desde el Frente de Todos hasta Cambiemos, las principales necesidades públicas en materia de abastecimiento de la demanda residencial y de generación (el objeto del PG4), son las mismas: La seguridad del abastecimiento, sustentado principalmente en una producción doméstica que desarrolle nuestros propios recursos y genere empleo; y(ii) Precios domésticos residenciales en tarifas de gas y electricidad pagaderos en pesos, y cuyos ajustes traten de no superar la inflación.  

Por otro lado, la principal necesidad de las empresas privadas (incluyendo YPF) para invertir a riesgo propio (en contraposición a invertir a riesgo del Estado) es contar con precios desregulados en dólares que les permitan viabilizar y recuperar sus inversiones. Es por ello que el desarrollo de nuestros recursos gasíferos en el largo plazo depende de la conciliación eficaz de las referidas necesidades públicas y privadas. Es por ello también que nuestro histórico y recurrente fracaso en el desarrollo de nuestros recursos gasíferos, se debe justamente a la mala conciliación entre tales necesidades públicas y privadas. En 1992 decidimos que los usuarios residenciales paguen tarifas dolarizadas asumiendo que la Argentina nunca más iba a devaluar. En 2002 decidimos romper todos los contratos del sector energético y que los productores reciban por años un precio que no les permitía invertir en nuevos desarrollos. (...)

Fuente: Econojournal

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