En febrero del año pasado, el gobierno nacional decidió pesificar la tarifa eléctrica, al tiempo que diseñó una fórmula temporaria de actualización con base en la inflación.

A su vez, el macrismo había congelado las tarifas desde marzo de 2019, en una maniobra electoral infructuosa.

Producto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, desde presidencia decidieron en marzo último continuar con el congelamiento de la tarifa hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso llegó en la última semana.

En ese período, las compañías de distribución eléctrica acumularon deudas multimillonarias en el mercado mayorista eléctrico, mientras cobraron sin interrupción a los usuarios. De hecho, desde mediados del año pasado, se apilaron las denuncias de los residenciales por valores desproporcionados en las boletas.

Así las cosas, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció en la última semana la convocatoria formal a las empresas de distribución para iniciar la negociación que derivará en un aumento de tarifas, mientras se espera por la nueva Revisión Tarifaria Integral.

Según fuentes del mercado, la actualización sería del 9%, aunque en el gobierno aseguran que el porcentaje no está definido, publicó La Nación.

Esta suba, de un dígito, implicaría un incremento del 20% para las distribuidoras (Edenor, Edesur, por ejemplo) y para las transportistas (Transener), que representan un tercio del precio final de la factura. Para las distribuidoras, el atraso se acerca al 80 por ciento.