Esta joven de 35 años, que lleva luchando contra la minería desde que Barrick Gold Corp. llegó a su región hace dos décadas, forma parte de una comisión que decidirá cómo figurarán el medio ambiente y los recursos naturales en una nueva Constitución que reemplazará a la que data de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tenemos que cambiar completamente el modelo extractivista por uno que esté en armonía con la naturaleza, dijo San Juan en una entrevista, prometiendo no reunirse con grupos de presión durante el proceso. Agregó que los cambios deben hacerse con el espíritu de lo que dio inicio a todo este movimiento para transformar Chile. La minería no ha traído más que pobreza, enfatiza.

Las discusiones comenzarán de lleno a principios del próximo año, y es probable que los miembros se sientan envalentonados por la elección del domingo del presidente más izquierdista desde Salvador Allende. Las propuestas van desde el establecimiento de límites de tiempo para las concesiones hasta la prohibición total de las minas en algunas condiciones. La industria del cobre está presionando con fuerza para mantener el modelo de concesiones indefinidas, que dice que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.

Hay mucho en juego. El Gobierno chileno tiene un total de casi US$70.000 millones en posibles proyectos mineros para esta década. Parte de esa cantidad dependerá del resultado de la nueva Constitución y de si se ratifica en un plebiscito. Así, el documento ayudará a determinar qué cantidad de las mayores reservas de cobre y litio del mundo se explotarán en los próximos años para satisfacer la creciente demanda mundial en la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Hasta que no se aclare el tema de la seguridad jurídica y cualquier nueva norma, no se verán grandes inversiones, según Diego Hernandez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, de Chile.