El año pasado el Estado destinó el equivalente a u$s10.900 millones al pago de subsidios de tarifas y se proyecta que, de no mediar cambios, el número podría subir este año a u$s15.000 millones, lo que constituye a este rubro del gasto como el verdadero talón de Aquiles del programa económico que negocia la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de las tarifas de gas, el pago promedio de los usuarios cubre entre el 30% y el 35% de los costos.

En el de la luz, entre el 25% y el 26%. Pero para corregir los subsidios haría falta subas superiores al 70% u 80% debido a una serie de factores que presionarán sobre los costos en 2022. De acuerdo con analistas consultados por Ámbito, este tiene que ser un año de corrección, más allá de lo que se pueda comprometer el Gobierno con el organismo de crédito. Varios elementos entran en juego para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenga que “calibrar” con precisión el ordenamiento de las variables. 

Entre ellas, está el precio del dólar, la mayor demanda energética por crecimiento económico, los problemas en la generación hidroeléctrica debido a la sequía y la bajante de los ríos, y el incremento del gas natural licuado por barco que importa la Argentina, que pasó de u$s8 el millón de BTU a u$s24 en apenas unas semanas. En el caso del hidrocarburo, Emilio Apud, exsecretario de Energía y miembro de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que en el país sigue vigente el Plan Gas, que le asegura a las empresas que extraen el fluido entre u$s3,9 y u$s4 el millón de BTU en boca de pozo. “De eso el usuario paga menos del u$s1,5 y el resto lo cubre el Estado”, explicó el especialista. 

El problema más serio que tendrá que enfrentar el equipo económico al determinar los nuevos valores es el del gas licuado importado por barco, explicó Apud. “Todos los inviernos Argentina importa por barco”, señaló. Para los especialistas en la materia, resulta complicado entender cómo se podría llevar a cabo una corrección del gasto como se anunció en el acuerdo con el FMI. Tal como informó el Ministerio de Economía, el déficit primario de 2021 fue del 3% del PBI y de ello se estima que el gasto en subsidios es del orden del 3% del PBI, mientras que el compromiso para este año es reducir el rojo al 2,5%. Apud comentó que “no se puede pensar que en 2022 el nivel de ayudas del Estado vaya a ser igual al del año pasado”. 

Para el exsecretario de Energía, bajo una hipótesis de que el gobierno no hiciera nada, el gasto se proyectaría a u$s15.000 millones desde los u$s10.900 millones. “Para eliminar solo la mitad de los subsidios tendrían que subir las tarifas el 90% más la inflación, que será del 60%, es decir un 150% y el año próximo repetir el incremento”, explicó. Apud consideró, en ese sentido, poco relevante desde el punto de vista económico la segmentación tarifaria. En el caso de la luz, suponiendo que el 10% de la población de la zona metropolitana pasara a pagar tarifa plena, serían unos u$s220 millones que estará muy lejos de resolver el problema, estimó el analista. (...)