El Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA), un grupo de legisladores constituido bajo el liderazgo de un grupo de asambleístas de la Comisión de Fiscalización envió una carta de solicitud al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, para que éste declare el estado de excepción o estado de emergencia nacional para desplegar a las fuerzas de la seguridad pública y del estado en contra de la de la minería ilegal.

En un comunicado publicado en Twitter, el grupo de asambleístas denuncian que “las medidas adoptadas desde los entes de control no dimensionan ni consideran los daños ambientales y la desintegración sociocultural que ha generado la minería ilegal en los puntos geográficos afectados ante la falta de acciones estratégicas y contundentes para enfrentar esta actividad ilícita, que se ha manifestado de manera exponencial en este año 2022″.

Según lo expuesto en el comunicado, “la declaratoria del estado de excepción se fundamenta en el incremento de las actividades de minería ilegal, así como también de delitos conexos, tales como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; tenencia y porte de armas; almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, trata de personas, entre otros”. (...)