Aunque ninguna empresa cruzó las exportaciones de Medanito autorizados para septiembre, Royón se mostró preocupada por el abastecimiento del mercado interno. El gobierno no termina de acomodar la instrumentación del acuerdo de precios en surtidor, que requiere un ordenamiento anterior en el mercado de petróleo crudo, aún indefinido.

La nueva escalada del precio internacional del petróleo que se registró la semana pasada —el Brent cerró el viernes a US$ 90,65, un 7% más que el 11 de agosto— le mete presión al acuerdo de precios refrendado, sólo de manera verbal, entre el gobierno y las petroleras el pasado 17 de agosto. La pregunta que sobrevuela por estas horas en la industria es cuán consistente es el entendimiento con los privados. ¿Resistirá hasta el 31 de octubre próximo, tal como está previsto? O, en todo caso, cuán dañado quedará el sistema una vez que el acuerdo de precios expire y quede de manifiesto que el atraso acumulado en los surtidores asciende al 50% medido en dólares.

La Secretaría de Energía convocó el jueves a una primera reunión con las principales compañías del sector —YPF, Pan American Energy (PAE), Raízen, Vista, Pluspetrol, CGC y Tecpetrol, entre otras— para intentar ajustar algunas variables que no están claras. Es que si bien el ministro de Economía, Sergio Massa, definió los puntos centrales del entendimiento con las petroleras, que durará hasta después de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, muchos aspectos que hacen a la implementación del acuerdo siguen imprecisas. La suba del Brent no hace más que complicar todavía más las cosas. (...)