La jueza estadounidense Loretta Preska, que sentenció en septiembre 2023 a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF, ahora ordenó al Estado a entregar toda la información solicitada por el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo, incluyendo datos sobre la ubicación del oro que el Banco Central sacó del país el año pasado.

Al mismo tiempo, Preska lanzó una advertencia a la Argentina.

"Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos".

En ese sentido, el aviso que hizo público Sebastián Maril, de Latam Advisors, señala que Preska criticó la actitud argentina de dilatar la entrega de esa documentación, pedida por Burford. Desde que la jueza emitió el fallo hace 16 meses, los intereses sumaron más de US$ 1.000 millones.

Maril explicó: "Los acreedores quieren datos sobre todos los activos que la Argentina tiene en el exterior y pueden ser pasibles de embargos, como el oro, pero también cuentas bancarias. Ni el oro ni las cuentas de diplomáticos o de embajadas son embargables si no se utilizaron con fines comerciales; pero si lo hicieron, entonces sí se podrían embargar". Por ejemplo, si el oro fue utilizado en parte como garantía del Repo al que el país acaba de acceder con bancos internacionales para obtener US$ 1.000 millones y reforzar sus reservas, pasaría a quedar a tiro de embargo.

En definitiva, Preska ordenó, a pedido de Burford, acceder a toda la información que pertenezca a la Argentina y esté registrada en la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (sistema SWIFT).

Con esos datos, los acreedores podrán seleccionar todos los activos que quieran embargar para garantizarse el pago del juicio, sobre el que hay conversaciones muy informales pero ninguna negociación oficial o formal. Y, en base a eso, Preska definirá si se pueden embargar o no.(...)