El Gobierno, a través del decreto 446/2025, dio un paso más en la desregulación del sector del gas licuado de petróleo (GLP) al avanzar con la eliminación de los precios de referencia, de las autorizaciones previas para exportar y la simplificación de la incorporación de nuevas empresas para tener un mercado de garrafas más competitivo y con mayor participación privada.

La norma, explicó, significa una reforma integral de la ley 26.020 de 2005, que había generado un esquema de fuerte intervención estatal a lo largo de toda la cadena de valor generando –describen– "sobrerregulación, duplicación de funciones, distorsiones de mercado y sobrecostos operativos que impactaban negativamente en los precios al consumidor".

Entre los principales cambios se encuentran la simplificación del sistema de autorizaciones para las empresas que quieran participar del mercado del GLP. A partir de ahora el cumplimiento de los requisitos fijados por la normativa será suficiente para operar.

La autoridad de aplicación verificará la veracidad y el cumplimiento de esa documentación e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles desde su presentación. "Transcurrido ese período sin observaciones, se considerará aprobada, otorgándose al silencio sentido positivo", explicaron.

Asu vez, la Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá delegar o coordinar tareas de fiscalización técnica y control con otros organismos públicos o privados, y suscribir convenios específicos con provincias, lo que permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado.

Por otro lado, se le da libertad a los fraccionadores para que, sin intervención del Estado, establezcan el mejor mecanismo para el canje de envases, indispensable para asegurar que los recipientes circulen en condiciones técnicas adecuadas, y que además puedan ser reutilizados conforme a las normas de seguridad.

A su vez se liberan las exportaciones de GLP, aunque solo una vez que esté garantizado el volumen de abastecimiento interno. "Así, ante la notificación de exportación, el Estado tendrá siete días para objetarla y sino el silencio tendrá sentido positivo", confiaron. En tanto, la norma también procede a eliminar los precios de referencia. En la práctica, ya nadie conseguía una garrafa al precio regulado y existía un mercado informal muy grande.