En su presupuesto, el artículo 51, autoriza un instrumento financiero “hasta los 40.000 millones para el pago de obligaciones del sector público Provincial�.

Esa autorización -según explicó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, en el Plenario legislativo- tiene un "fin específico" y es la previsión para constituir un bono de consolidación de deuda y atender esa deuda con Chubut, que ya tiene sentencia firme.

El funcionario aclaró que queda sentarse con las autoridades chubutenses “para negociar� y que el bono “es una posibilidad� , adelantando que ese instrumento pasará oportundamente por la Legislatura.

Los pasivos con Chubut tienen su origen en un convenio firmado en 1991, donde ambas provincias con Gas del Estado pactaron la ejecución del tramo Pilcaniyeu-Esquel del Gasoducto Cordillerano. El acuerdo prevé la licitación y adquisición por parte del gobierno chubutense de la totalidad de las cañerias pero las autoridades rionegrinas aceptaron afrontar el 50% del costo del material.

Esa participación no fue cancelada oportunamente por Río Negro, originando un reclamo judicial por parte de los representantes de la provincia vecina.

En el 2022, la Cámara Contencioso Administrativa de Capital Federal confirmó un fallo favorable a Chubut, obligando a Río Negro al paso de 1.300 millones.

El año pasado, el gobernador Ignacio Torres insistió en el cobro y también solicitó un embargo de 15.000 millones.

Esa ofensiva se explicó en ese momento por una reacción política , a partir de que el gobernador Alberto Weretilneck no había acompañado -conjuntamente con el neuquino Rolando Figueroa- la renovación en la conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que promovían Torres y su par santacruceño Claudio Vidal.

En lo técnico, Río Negro postergó la cancelación al ajustarse a un punto del fallo judicial donde se indicaba que los plazos del pago se debían ajustar a la legislación financiero – presupuestaria de la provincia.

Finalmente, Sánchez informó que el monto de 23.200 millones está presupuestado para el ejercicio del año próximo y, en ese sentido, adelantó la negociación con los chubutenses para definir los términos de la cancelación.