Nueve de los 17 diputados de la oposición presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia para que se derogue el decreto con el que el gobernador Jorge Sapag tomó, para usar en gastos corrientes, una parte de los recursos extraordinarios que van ingresando a la provincia a cambio de las prórrogas de las concesiones petroleras. Se presentaron en la Justicia como representantes de los "intereses de los ciudadanos", en su función de diputados.

"El máximo tribunal de nuestra provincia tiene ante sí, en este caso, la dilucidación de una cuestión emblemática, un asunto que sentará jurisprudencia y cuya resolución seguramente marcará actitudes futuras de los gobiernos en los distintos niveles estaduales", advirtieron en el inicio del extenso escrito presentado por la mañana. "Se trata específicamente de saber si, quien tiene a su cargo el poder administrador del Estado puede con un acto ordinario de disposición modificar el destino que una ley especial le otorgó a determinados fondos con precisión incuestionable", añadieron.

Cuando se encararon las prórrogas de las concesiones petroleras que otorgó la Nación en la década del ‘90, el gobierno provincial envió un acuerdo marco, el de YPF, a la Legislatura para su convalidación. En esa ley quedó establecido que los fondos extraordinarios, los que no representan ingresos constantes, como lo son las regalías, "no podrán utilizarse para solventar gastos corrientes del Estado provincial y de los Estados municipales". Pero el año pasado, con un decreto, Sapag dispuso la utilización de hasta 118.000.000 de pesos de esos fondos para comprar letras del Tesoro que emitiría el Estado.

Ese decreto "contradice doblemente" lo que dice la ley "porque utiliza recursos con fines determinados en esa norma citada con otros destinos –en este caso, cancelar gastos corrientes–, destinos que a su vez están absolutamente vedados por el mismo precepto legal". La presentación ante el TSJ lleva las firmas de los diputados peronistas Ariel Kogan, Luis Sagaseta, Miguel Lucero, Fanny Longo, Hugo Gon-çalves; Rodolfo Canini, de MUN; Paula Sánchez, de Libres del Sur; por el Frente Grande, Soledad Martínez, y José Luis Sáez, de la UCR.

Los que firmaron esta acción judicial sospechan que "la estrategia del poder administrador fue disfrazar de una simple operación de crédito público lo que en realidad fue la captación y cambio de destino de 118.000.000 de pesos". Hicieron notar, además, que esos fondos, que son "ociosos" según el gobierno, podrían usarse para atender la demanda habitacional en la provincia, que según el gobierno es de 40.000 casas. "Lo que existe es la decisión de apropiarse de estos 118.000.000 de pesos, que por su propia inacción deliberada tuvo a disposición y promete devolver el 30 de noviembre de 2011, diez días antes de finalizar su mandato", dijeron.

Fuente: Diario Río Negro

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