La puesta en marcha de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos en el ámbito del Ministerio de Producción, creada por decreto en 2013, es una buena noticia más allá de que llegue un poco tarde, cuando ya la renta minera que recibe la Provincia ha remitido significativamente por la entrada en el tramo final de la explotación de Bajo La Alumbrera. El organismo funciona en la órbita del Ministerio de Producción y, en teoría, se encargará de aprobar los proyectos a financiar con las regalías mineras que presenten los municipios. Si bien la Unidad fue creada hace cuatro años, recién ahora puede funcionar a pleno, debido a la resistencia que interpusieron muchos intendentes que pretendían continuar administrando las rentas mineras que les tocan a su arbitrio y sin control alguno, o controles muy laxos. El Gobierno liberó el depósito de 25,4 millones de pesos, correspondientes a las regalías del primer trimestre de 2016. A partir de este desembolso, el requisito de la presentación previa de los proyectos será ineludible para obtener los recursos. De lo contrario, los recursos serán retenidos por el Gobierno.

Esta reglamentación fue objeto de críticas de orden leguleyo, pero su pertinencia no puede discutirse. La ley 5128, sancionada en 2004, que regula la distribución de las regalías mineras, pero no de las utilidades de YMAD, que fueron más del doble, establece que los fondos deben aplicarse indefectiblemente a obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas. La norma, pese a numerosas iniciativas legislativas y a los pedidos del Tribunal de Cuentas, jamás se reglamentó para restringir criterio tan amplio, lo que disparó el talento imaginativo de los intendentes para hacer calzar como obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas cualquier gasto. Y como el Tribunal de Cuentas, por desidia o por falta de recursos materiales y humanos, realizó monitoreos deficientes, el resultado fue que la renta minera, durante el período de mayor flujo de fondos de toda índole que Catamarca registre en su historia, se dilapidó en gastos corrientes y corruptelas de toda índole, sobre lo que existen ejemplos contundentes en Andalgalá y Belén -las dos comunas que más ligaron- y grotescos como el de Antofagasta de la Sierra, donde al parecer se robaron partidas completas derecho viejo, con solo pasar por caja.

Esto, sin considerar que sobre las utilidades de YMAD, que como se dijo fueron más de doble que las regalías, no pesaba siquiera la difusa condición que acotaba las regalías y fueron embuchadas en su totalidad por el Gobierno encabezado por Eduardo Brizuela del Moral. Resultado: una Provincia minero-dependiente en sus ingresos, sin actividades productivas alternativas a la minería consistentes para generar recursos y con un nivel de gastos fijos asumidos durante el boom minero muy difíciles de financiar sin regalías y utilidades. El tiempo dorado de la minería pasó y no hay proyectos de envergadura similar a Bajo La Alumbrera en vista. Sin embargo, la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos es un valioso instrumento a futuro para blindar a la tentación demagógica y electoralista los fondos provenientes de la explotación de recursos no renovables. En lo inmediato, quedan por repartir todavía más de $100 millones a los municipios de tres trimestres de 2016.