Mientras la Secretaría de Ambiente avanza con la resolución para desaprobar la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, en el sector señalan que aún no tienen ninguna notificación al respecto.

El abogado especialista en derecho minero y representante jurídico de la empresa en cuestión Raúl Rodríguez, se refirió a la situación de la actividad en general en la provincia y a la situación del proyecto. Destacó que no tienen ningún documento no confirmación de las intenciones de Ambiente, pero señaló la dificultad que existe para debatir seriamente sobre la actividad, señalando como un factor negativo la falta de una postura clara del Estado mendocino sobre la industria.

En conversación con Queda Mucho Por Decir de MDZ Radio, habló del proyecto, de la imagen y del futuro de la minería en la provincia.

-¿En algún momento se podrá llevar adelante el proyecto San Jorge?

-Es una pregunta difícil de contestar, la verdad que estamos hace mucho tiempo con el proyecto y ha tenido que ser bastante flexible, porque se ha tenido que acomodar a distintos contextos políticos, económicos y jurídicos. Ha sido bastante complicado poder avanzar, pero sigo siendo optimista de que vamos a alcanzar un contexto realmente racional para discutirlo seriamente, sobretodo desde el punto de vista técnico.

-¿Se puede llevar desde el punto de vista biprovincial o es una idea que no tiene mucho sustento?

-En una opinión mía, lo ideal es que el proyecto se pudiera hacer en Mendoza. De todas maneras desde el punto de vista técnico se han hecho los estudios necesarios y se puede hacer biprovincial trasladando material a San Juan. No hay tanta distancia entre la zona del proyecto y el límite con la vecina provincia.

-¿Hay antecedentes de proyectos compartidos entre dos jurisdicciones?

-Hay antecedentes a nivel internacional, nosotros aquí no tenemos salvo el proyecto binacional de Pascua Lama que no ha llegado a desarrollarse.

-En el caso que se haga en la provincia, como creo que los que impulsan el proyecto quieren ¿creés que se debe empezar de cero el proceso, como sugiere Ambiente o se puede retomar lo que dejó la legislatura?

-Ahí hay varias alternativas. Estuve leyendo una nota sobre el tema. Nosotros no hemos sido notificados, ni tenemos ningún conocimiento de ese avance. Nosotros lo que hemos hecho es aprovechar el Informe de Impacto Ambiental que se evaluó en su momento, del 2008 al 2010, y tratar de actualizarlo en el sentido de dar por válidas alguna evaluaciones técnicas que se realizaron. Ese es el planteo que la empresa le hizo al Gobierno, no como por ahí erradamente se cree de que el proyecto en realidad quiere aprovechar o actualizar una DIA que estaría vigente. Sabemos que fue rechazado en la Legislatura en el año 2011. Cuando hablo de estudios estoy hablando de la descripción del área, de la flora de la fauna, que la verdad es que es la misma que podríamos encontrar hoy. Eso está evaluado y aprobado, esas cosas que ya se hicieron, poder sustentarnos desde esa base.

-¿La evaluación del impacto del proceso tendría que reformularse o no hace falta?

-En esta actualización que se presentó, en la cual se plantea el proyecto biprovincial, hay actividades que no han sido evaluadas. Por supuesto que van a tener que ser evaluadas y el Estado, la autoridad de control, va a tener que expedirse aprobándolas o rechazándolas. Esto no es una cuestión automática en el sentido que la empresa puede presentar una actualización y el Estado le tiene que dar la DIA. Acá se trata de reformular el proyecto, aprovechando algunos estudios que ya han sido evaluados y aprobados, y plantear algunas nuevas actividades que evidentemente tienen que ser evaluadas por el Estado. Eso es a grandes rasgos.

-Desde el punto de vista legal, ¿ves bien la autoridad compartida, considerando que muy difícilmente se ponen de acuerdo Ambiente y Minería?

-Acá es una cuestión mucho más de fondo, y el fondo es si Mendoza va a querer tener minería o no. Esa es para mí la repuesta que no nos hemos podido dar. Si esa respuesta estuviera ya dada podríamos hablar si la autoridad tiene que ser compartida o sólo alguna repartición en especial. Pero como no hay definiciones, hay un contexto tan turbio, en el sentido que no hay mucha claridad, en el sentido de una política minera a seguir encontramos lo que llamo "compartimiento de estanco". Por ahí la Dirección de Minería piensa una cosa y la Dirección de Protección Ambiental piensa otra y por arriba no hay línea que pueda determinar hacia dónde vamos, por lo menos no la había hasta la gestión anterior. Esta gestión está tratando de poder llegar a la formulación de un plan minero para Mendoza, decir que se puede hacer, cómo se puede hacer y dónde se puede hace, pero sin esos trazos gruesos es muy difícil establecer si la autoridad tiene que ser compartida o no. Si están en equilibrio es buena la autoridad compartida, ahora si esto no pasa y son estos "compartimentos de estanco", tenemos un problema, porque avanza una dirección y la otra retrocede. (...)