Así, busca volver a involucrarla en el caso, dado que, en marzo, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, había eximido de responsabilidades a YPF y había decidido condenar al Estado argentino.

Desde la petrolera le comunicaron la decisión al mercado, aseguraron que no les deben por “ningún daño” a los demandantes y anticiparon que ejercerán su “derecho a defensa”. La noticia era esperada por el mercado: el bufete de abogados inglés ya había anticipado que iban a volver a meter a YPF dentro del juicio si Argentina apelaba, que es justamente lo que ocurrió la semana pasada.

En la sentencia por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, Preska determinó el 31 de marzo de este año que el Estado argentino era culpable, mientras que absolvió a YPF. La sentencia final llegó el 15 de septiembre, en donde se desestimaron los reclamos presentados por los demandantes contra YPF, y se decretó que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual durante la nacionalización.

El fallo plantea que Argentina deberá pagar hasta u$s16.000 millones al fondo.

Por este motivo, el 10 de octubre, el Gobierno apeló la sentencia al asegurar que generaría “daños irreparables a la población”, en un país sin acceso al mercado de capitales para “emitir un bono y depositar una garantía”. Este miércoles llegó la apelación de Burford.

Hacia adelante, Sebastián Maril, abogado de Latin Advisors, prevé varios escenarios: por la apelación de Argentina, si el país deposita las garantías, evitará embargos internacionales.