La estrategia apunta a dos frentes. Por un lado, a través de una gestión del Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará la creación de una nutrida base de datos pública que permitirá juzgar el trabajo de cada una de las compañías mineras con operaciones en el país, según confirmó a La Nación Marcelo Alvarez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM). Allí se podrá ver la inversión de cada una de las compañías en las provincias, cuánto pagó en impuestos y a dónde fueron los fondos.

Es una manera de marcarles el territorio a todos los actores del rubro, tanto a las compañías, que suelen justificar sus buenas prácticas con ejemplos, pero sin una medición que permita comparaciones, como a las provincias, que de acuerdo con las compañías suelen recibir millones de pesos a través del cobro de gravámenes y no siempre se traducen en una mejora de las condiciones de vida de sus pobladores.

En la misma línea, la cámara que representa a las mineras busca que el año próximo se implemente en el país un manual que funcione de "guía y principios de la minería bien hecha", explicó Alvarez.

Tomará un trabajo hecho por la Asociación Minera de Canadá, uno de los países más prestigiosos en esa actividad, y se aplicará a todos los socios de la CAEM, donde están las mayores compañías del país.

"La nota que se saquen las empresas va a ser pública. Así vamos a poder decir si una empresa se esmeró de un año para el otro en mejorar las cosas que no hacía del todo bien", puntualizó el directivo.

La CAEM busca que la Universidad Católica Argentina (UCA) sea el organismo auditor. Si esa casa de altos estudios rechaza la propuesta, irán por otra.

"Es una manera de dejar bien en claro para todas las empresas cuáles serán las reglas de juego con las que van a ser medidas", concluyó.