Luego de la firma de dictamen en comisiones de la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei, el diputado nacional por Neuquén Pablo Cervi (UCR) destacó que "se propusieron modificaciones en la redacción original, tendientes a defender los intereses de los neuquinos", y que buscará introducir nuevos cambios durante el debate en el recinto.

Cervi destacó que asumió "la responsabilidad de estudiar cada punto, evaluando minuciosamente cómo afecta a los ciudadanos de Neuquén y sus recursos".

Destacó que "Es de gran importancia la eliminación de la facultad que se atribuía el Ejecutivo para modificar fondos fiduciarios del sector energético, preservando así el subsidio que bonifica el consumo de gas en la Zona Fría". Subrayó que ese régimen beneficia a más de 4 millones de usuarios, especialmente en las provincias patagónicas.

Adelantó que seguirá trabajando para introducir cambios a la ley "en pos de que los empresarios neuquinos sean parte del desarrollo de Vaca Muerta y puedan participar, planteando algunas modificaciones al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que sume a prestadores de servicios locales y no solo orientados a grandes empresas internacionales".

Uno de los puntos cruciales en los que se centraron las observaciones del diputado fue la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, consideradas excesivamente amplias y prolongadas en el tiempo. Finalmente la redacción del proyecto de ley la estable por un año, y cualquier extensión requerirá la aprobación del Congreso.

En cuanto al sector de hidrocarburos, Cervi objetó la facultad que otorgaba el proyecto a la Nación para otorgar concesiones petroleras y que avasallaba la defensa del dominio originario de los recursos por parte de las provincias. El dictamen final reflejó la modificación propuesta por el legislador neuquino, respetando los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.

En el ámbito de privatizaciones, Cervi propuso un proceso de evaluación basado en el desempeño y rendimiento económico. El resultado fue la inclusión de un procedimiento que otorga intervención al Congreso, exigiendo una auditoría integral antes de considerar la privatización de una empresa estatal.

El legislador hizo hincapié en la importancia de la seguridad jurídica y la previsibilidad, especialmente en temas energéticos de largo plazo. Destacó que "decisiones de este calibre deben trascender las líneas políticas momentáneas y convertirse en políticas de estado perdurables en el tiempo".