El Congreso sancionó ayer una ley que prohíbe a cualquier persona física o jurídica participar en cualquiera de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, castigando con inhabilitación de entre 5 y 20 años a quienes contravengan esta norma. El proyecto fue sancionado por la unanimidad de 39 votos en el Senado y está en línea con los diferentes decretos y resoluciones que fijó en 2007 el Poder Ejecutivo tendientes a evitar el avance de la explotación de petróleo y gas en las islas Malvinas por parte del Reino Unido, lo cual ha sido motivo de reiterados reclamos de las administraciones kirchneristas en diferentes foros internacionales.

Consultados por LA NACION, voceros de la embajada del Reino Unido en la Argentina insistieron en sostener la soberanía inglesa sobre las islas y consideraron "legítimo" el negocio de exploración petrolera en la zona aledaña a las islas. El último gran respaldo a la postura argentina se registró hace poco más de un año, cuando, en marzo de 2010, el Grupo Río emitió una declaración de apoyo al reclamo de soberanía nacional sobre el archipiélago y a la queja por el avance unilateral de Gran Bretaña en materia de explotación hidrocarburífera. "La instalación de una plataforma viola disposiciones de la ONU", afirmó la presidenta Cristina Kirchner en aquella cumbre, que reunió a 33 presidentes y jefes de Estado de América latina en Cancún (México). La iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados en junio del año pasado, sobre la base de dos proyectos presentados por legisladores, y contaba con dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles del Senado desde noviembre último. La norma sancionada ayer intenta forzar al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina.

Así lo dijo la senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal-Salta), que ayer criticó al gobierno británico porque "no sólo no se sienta a negociar, sino que busca reforzar su posición tendiente a favorecer la autodeterminación" de los isleños. El texto prohíbe la participación de empresas nacionales o extranjeras en cualquier actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina y comprende a quienes lo hagan de manera directa o indirecta, prestando servicios a compañías involucradas en el proceso lanzado por Londres. El mismo criterio se aplica a quienes presten actividades colaterales, rentadas o ad honorem, como consultorías, operaciones financieras, comerciales, logísticas o técnicas. Quienes violen esta disposición serán inhabilitados para operar en el país por cinco a 20 años. Si las personas físicas o jurídicas fueran concesionarias de explotación hidrocarburífera en la Argentina, perderán la licencia y ésta volverá al Estado Nacional.

Fuente: La Nación

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