Tras semanas de tensión judicial e incertidumbre para el sector minero, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el country director de Vicuña Corp, José Morea, mantuvieron una reunión que marcó un punto de inflexión en el conflicto.

El encuentro derivó en un entendimiento preliminar con siete ejes centrales que definirán la relación entre la provincia y el megaproyecto de cobre, oro y plata más ambicioso de la Argentina.

El proyecto que está en juego

Antes de entender el acuerdo, es necesario dimensionar lo que está en disputa. Vicuña —integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en la cordillera sanjuanina— proyecta una inversión de 18.000 millones de dólares a lo largo de una década, operado en partes iguales por las multinacionales BHP y Lundin Mining.

Se trata de una de las cinco minas de cobre más grandes del mundo, con exportaciones anuales estimadas en torno a los 6.000 millones de dólares.

El problema estructural es geográfico: el yacimiento está en suelo sanjuanino, pero su principal corredor logístico —más de 200 kilómetros de traza— atraviesa territorio riojano por la zona de Guandacol, lo que convierte a La Rioja en un actor con poder de veto sobre la operativa diaria del proyecto.

Del bloqueo al diálogo

El conflicto se agudizó el 14 de abril de 2026, cuando la jueza riojana María Greta Decker, con sede en Chilecito, ordenó la suspensión de actividades del proyecto en territorio provincial por 30 días y prohibió la circulación de maquinaria pesada por el corredor Guandacol.

El argumento central fue la falta de una Evaluación de Impacto Ambiental integral presentada ante las autoridades riojanas, pese a que el núcleo del proyecto cuenta con aprobación ambiental de San Juan.

Ante el corte, Vicuña recurrió a la Justicia sanjuanina, que emitió una medida cautelar para garantizar la continuidad operativa, mientras la empresa derivó su logística hacia una ruta alternativa dentro de San Juan, en condiciones más complejas y costosas.

La disputa comenzó a descomprimirse mediante una presentación conjunta entre el Gobierno riojano y la empresa ante la magistrada, lo que derivó en un principio de acuerdo para normalizar la circulación y sentó las bases de la reunión entre Quintela y Morea.