Diputados dará hoy tratamiento al proyecto de baja de los precios de los combustibles para el norte patagónico. Su vigencia determinará una reducción de hasta el 20% en las naftas y de un 10% en el gasoil. Ayer se firmó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y, simultáneamente, se incorporó su tratamiento al orden del día de la sesión de hoy, según confirmó a "Río Negro" el diputado nacional por Río Negro, Jorge Cejas. En mayo, el Senado ya le había dado media sanción a esa iniciativa, que otorga el beneficio de las reducciones a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, como también, a Carmen de Patagones (Buenos Aires) y Malargüe (Mendoza). Esa baja se origina por la exención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que figura en la ley 23966. La reducción del combustible rige, desde hace años, en la Patagonia Sur.

El proyecto fue presentado por el presidente del bloque del FpV en el Senado, el rionegrino Miguel Pichetto y el neuquino Guillermo Pereyra. En la fundamentación, esos parlamentarios entendieron que la reducción se justifica por las "grandes distancias existentes entre las poblaciones" de esas provincias y localidades, que obliga "al uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario".

También señalaron la existencia de un "mayor costo de vida" y "el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa".

El proyecto inicial incluía de La Pampa solamente a la localidad de La Adela, como lo previsto con Patagones de Buenos Aires. Pero, en el recinto se incorporó a Malargüe, de Mendoza. La ley 23996, que se sancionó en 1991, apuntó a beneficiar a las regiones más alejadas del centro del país y condiciones climáticas adversas.

No faltaron los intentos de eliminar esa reducción de la Patagonia Sur, puntualmente en el 2001 por parte del entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Pretendía trasladar sus recursos al ministerio de Educación para cubrir parte del recorte previsto. La oposición de las provincias afectadas no lo permitió, aunque, con el paso del tiempo, el beneficio quedó desactualizado por las alzas de los combustibles en todo el país.