El Subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Julio Anguita, admitió que esa dependencia envió a empresas petroleras una copia de la reglamentación de la ley de aptitud ambiental, pero sostuvo que lo que recibieron las productoras "es el proyecto definitivo" y no un texto puesto a consideración, que eventualmente podía ser modificado.

Anguita salió al cruce de la denuncia de diputados de la oposición que plantearon que, de este modo, las firmas tendrían injerencia en la elaboración de una ley que permitirá vigilar si contaminan o no en la cuenca hidrocarburífera neuquina. Como prueba de ello, dieron a conocer correos electrónicos que dan cuenta de los contactos.

"Creemos que hay una intencionalidad política. Estamos en campaña en este momento y por supuesto que todas estas cosas se aprovechan, pero esto no hace bien a la provincia", dijo Anguita, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Ricardo Esquivel, el Coordinador Legal y Técnico de Medio Ambiente.

Anguita dijo que hubo reuniones con integrantes del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo (IAPG), pero que fueron luego para explicarles la operatividad del texto. En otro tramo de la conferencia, dijo que el hecho de que trascendieran los correos "para nosotros no era una noticia nueva".

El Subsecretario sostuvo que la derogación de la disposición 218/06, de la Subsecretaría de Medio Ambiente, que obliga a utilizar una manta especial para prevenir la contaminación en caso de derrames, no implicará que esta forma de contingencia para paliar contaminaciones deje de utilizarse.

"No limitamos esta cuestión al uso exclusivo de la manta", dijo. "Se podrá usar, pero también estamos dando otra posibilidad más. Y para eso, las empresas en cuestión nos deberán notificar de los productos a utilizar, lo que deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación", dijo.

El Subsecretario afirmó que no está tipificado cuáles son esos parámetros que podrían permitir la mejor contención de derrames de forma más segura. Pero indicó que "estamos trabajando en un convenio con la Universidad de Rosario" e investigadores del Conicet para establecer qué métodos son los que permitirían optimizar la intervención ante este tipo de contingencias.

"La resolución 218/06 (de la Subsecretaría de Medio Ambiente) es antirreglamentaria, porque sólo fija las mantas oleofílicas, con un criterio restrictivo que podría dejar de lado el uso de otros productos que, según determinadas condiciones, podrían ser más óptimos", consideró.

Anguita además expresó que, con la reforma de la ley de medio ambiente, la fiscalización quedará en manos de los municipios. "De otro modo sería muy difícil poder ejercer el contralor", opinó. Pero señaló que la imposición de las penalizaciones quedará en manos del Estado, como autoridad máxima de aplicación de la ley.