Frente a esta actividad criminal, el General de Brigada diplomado del Estado Mayor, Víctor Manuel de la Peña Cortés, realizó por encargo del entonces Director Corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, un plan para integrar un ejército propio de Pemex, para sustituir de manera paulatina a casi 4 mil vigilantes sindicalizados por militares retirados, con “récord impecable”, para salvaguardar las 288 instalaciones estratégicas.

El plan Revelo, que se realizó desde el año 2006, diagnosticaba que “el control de los accesos a las instalaciones estratégicas, que actualmente realizan 3.800 vigilantes sindicalizados y 202 agentes de confianza, estaba a la deriva porque “sólo obedecen a sus líderes sindicales o a los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos delictivos”.

Argumentó la falta de “control para evitar la introducción de material explosivo, armamento y productos químicos que puedan inutilizar maquinaria o puntos críticos de las instalaciones, cuantiosos robos de productos, material, equipo y herramientas, cuyo monto asciende a decenas de miles de millones de pesos y, por el contrario, se tiene la certeza de que los vigilantes sindicalizados no sólo toleran esas anomalías, sino que son cómplices en la comisión de esos delitos”, advertía.

Incluso, citó que tras el extravío de 64 armas, la Secretaria de la Defensa Nacional “les canceló la licencia de portación”, y las existentes las concentró la Gerencia de Seguridad Física de Pemex. El plan, sin embargo, fracasó por oposición del sindicato petrolero.

Lo cierto es que tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001, salieron a relucir las enormes debilidades de seguridad de Pemex, aunque no fue sino hasta 2008 cuando abrió expedientes y diagnósticos en materia de seguridad física de las instalaciones de la petrolera, a los cuales ahora tuvo acceso El Universal, y que dan cuenta de esta problemática que permaneció en reserva.

El diagnóstico expuso las principales fallas de seguridad que han permitido que la delincuencia organizada encuentre en ellas millonarias ganancias. El documento señala que la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales (UCSA) “no cuenta con el equipo electrónico indispensable para el despacho aduanal de mercancías, y que estas actividades requieren de homologar tecnologías para prestar servicios con las especificaciones y la calidad requerida por la Administración General de Aduanas dependiente del Servicio de Administración Tributaria”.

Sostiene que, en esas condiciones, “se corre el riesgo de no realizar los despachos aduaneros con la oportunidad requerida por Pemex, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, incurriendo en desabastos o retrasos en la liberación de productos indispensables para la industria petrolera y ocasionando gastos como multas, recargos, almacenaje, cargas y descargas de mercancías.

Asegura que los focos rojos están puestos en las aduanas de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tijuana, Baja California, Ensenada, Baja California; Naco, Sonora; y Mexicali, Baja California, en las cuales se trabaja desde el año pasado. Otra de las deficiencias de la Pemex es la obsolescencia de sus más de 50 mil equipos de cómputo, lo que impide el desarrollo eficiente de las funciones, tanto técnicas como administrativas de su personal.

Debido a que, durante los últimos dos años, no se han adquirido equipos de cómputo (salvo en situaciones de reposición de equipo derivadas de algún siniestro), 72 por ciento de dichos equipos han llegado al final de su vida útil (4 años o más) y el 23 por ciento presenta un alto grado de obsolescencia y alcanzarán el final de su vida útil durante este año. Esto representa “altos costos de mantenimiento, riesgos de pérdida de información, así como disminuciones en la productividad del personal”.

El informe también detectó que, actualmente, “no se cuenta con suficientes equipos tecnológicos, que nos permitan prevenir actos hostiles en contra de la empresa, por lo que se hace necesaria la adquisición de equipos detectores de explosivos y la ampliación del Circuito Cerrado de Televisión del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos”. Explica que los hechos violentos que se vienen presentando a lo largo y ancho del territorio nacional son un indicador claro de la inseguridad que prevalece.

Añade que la ubicación geográfica del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos es de alto riesgo, ya que se encuentra rodeado de colonias con alto índice delictivo, lo que representa un riesgo permanente para los empleados y las instalaciones consideradas como estratégicas. Pemex argumenta que las organizaciones delictivas incrementan su operatividad día a día, utilizando herramientas, equipos, tecnologías de punta y que son de primer mundo, para atentar no sólo en contra de la industria petrolera, sino también contra otras industrias.

Por este motivo, se recomendó fortalecer la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, ya que es el único ente interno de Petróleos Mexicanos con la capacidad para proporcionar servicios de protección y seguridad a instalaciones, personal, bienes y valores de esta institución, aunque por razones de seguridad, no detalla el tipo de armamento que requiere.

Fuente: El Diario

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