Es que como condici贸n para acceder a los nuevos cuadros tarifarios, el Gobierno exigi贸 a las las compa帽铆as distribuidoras y transportadoras -un grupo liderado por Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi, TGN y TGS- que desistan de la posibilidad de hacer juicios por la demora en la recomposici贸n de sus ingresos. No fue una negociaci贸n sencilla. Todo lo contrario.
El documento en el que los privados accedieron al pedido del Ejecutivo se firm贸 ya muy entrada la madrugada del viernes 31 de marzo, apenas horas antes de que el ministro de Energ铆a, Juan Jos茅 Aranguren, encabezara una conferencia de prensa para dar a conocer los alcances de la nueva suba del gas.
Due帽os y ejecutivos de m谩ximo nivel de las compa帽铆as gas铆feras terminaron de rubricar el texto negociado con el Gobierno a las 4 de la ma帽ana de ese d铆a. En la sede oficial del Enargas (ente regulador del gas) pudo verse a Alejandro Macfarlane, propietario de Camuzzi, y a Claudio Perez Moore, accionista de EcoGas y mano derecha de Guillermo Reca en Sadesa, el holding controlante de la distribuidora que tambi茅n integra el empresario de la construcci贸n Nicol谩s Caputo.
Por el lado del Gobierno, la negociaci贸n se concentr贸 煤nicamente en dos personas: David Tezanos, interventor del ente, y Juan Manuel Carassale, coordinador de Asuntos Legales del Ministerio de Energ铆a, que en la 煤ltimas semanas se aboc贸 contrarreloj con su equipo 鈥揷onformado por abogadas de planta de la cartera que dirige Aranguren- a la discusi贸n legal con cada firma concesionaria. La meta del Gobierno era concreta: las empresas deb铆an desistir de cualquier instancia judicial existente o futura por el no cumplimiento de los contratos en el pasado, condici贸n excluyente para que se aprueben los nuevos cuadros tarifarios.
A la vista de los hechos, la jugada del t谩ndem Tezanos-Carassale termin贸 siendo acertada. Es que con la aceptaci贸n de los privados cerr贸 un problema del pasado reciente. Durante el kirchnerismo, casi todas las licenciatarias firmaron actas acuerdo con la Uniren (la unidad que hab铆a creado aquel gobierno para que liderara la renegociaci贸n de contratos) y el Ministerio de Econom铆a.
All铆 se establec铆a que la revisi贸n tarifaria integral deb铆a culminar en febrero de 2009, lo que no ocurri贸. La demora en la recomposici贸n de sus ingresos abri贸 una enorme puerta para que plantearan juicios contra el Estado, algo que ya hicieron algunas empresas, como British Gas, ex accionista de Metrogas, y un socio actual de la distribuidora Camuzzi. Con el documento avalado por los privados, el Gobierno obtur贸 esa posibilidad. (...)
Fuente: Econojournal
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