Las disposiciones recientes marcan un cambio radical en la regulación de esta industria, asegurando que toda obra de exploración o beneficio de minerales en zonas resguardadas deba ser evaluada con criterios estrictos. Asimismo, el esquema fortalece el papel de la autoridad ambiental y limita significativamente la intervención de particulares en sitios ecológicos.

Cambios en el otorgamiento de concesiones mineras

La reforma a la Ley Minera de mayo de 2023 modificó el panorama: las concesiones, que antes abarcaban cualquier material y el control del agua, ahora se limitan a un solo mineral y están sujetas a controles hídricos estrictos. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta reforma, las personas físicas y morales solo pueden recibir una aprobación tras demostrar que poseen el documento de conservación vigente.

En la práctica, esto significa que el Estado mexicano retoma el control principal en la exploración y explotación de los recursos minerales. Solo cuando las autoridades no realicen estas actividades, se permite la participación del sector privado, siempre bajo supervisión y con obligaciones estrictas para proteger el entorno natural.

El máximo tribunal del país ha ratificado que la tenencia de una concesión no confiere un derecho automático a explotar los recursos. El proceso exige la obtención previa de las autorizaciones, que constituyen un trámite independiente y necesario para iniciar cualquier proyecto minero.