El presidente Evo Morales militarizó hoy la lucha contra el contrabando de combustibles en Bolivia, con un decreto que encarga a las fuerzas armadas el control de su distribución interna y en las fronteras.

La medida busca resolver la escasez de gasolinas, diesel y gas de uso doméstico, que generó protestas en varias regiones del país y que el gobierno atribuye a un excesivo contrabando de exportación, por la diferencia de precios con los de países vecinos.
El decreto impone un castigo directo de entre 5 y 25 años de prisión a los contrabandistas y el decomiso de los vehículos que transporten combustibles al exterior, según la información que reproduce la agencia de noticias ANSA.

La medida fue comparada por el superintendente de hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, con la ley 1008, que establece el régimen de la coca y sustancias controladas e impone sanciones sin participación judicial previa a los narcotraficantes. Aruquipa dijo que la militarización del control se debe a la decisión del gobierno de mantener la subvención de precios internos de los combustibles vigente desde 2002, que ha incentivado el contrabando externo.

Según datos oficiales, el litro de gasolina que en el país cuesta 50 centavos de dólar se comercializa hasta en 1,50 en países vecinos, en tanto que el precio del gas de uso domestico quintuplica su precio. Bolivia importa diesel que vende en el mercado interno a un precio subvencionado equivalente a los 22,50 dólares el barril de petróleo, "pero ese producto más tarda en ingresar al país que en salir de contrabando", afirmó Aruquipa.
Según el comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Luis Trigo, se destinarán 900 militares para controlar la distribución de combustibles en 4.017 gasolineras y las 31 plantas distribuidoras del país.


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