Reafirmando la constitucionalidad de la Ley 7722, que proh铆be el uso de productos contaminantes en la explotaci贸n minera, volvemos a elevar nuestra voz para denunciar este nuevo y falso intento de garantizar la participaci贸n real y equitativa de todos los actores, porque:

Las asambleas reconocemos en el uso de este tipo de terminolog铆a asociada a la miner铆a la aplicaci贸n de una estrategia de comunicaci贸n que desinforma a la comunidad y es parte del manual de comunicaci贸n de las empresas extractivas para Am茅rica Latina, elaborado en Brasil, y por lo tanto, mal condicionan nuestra disponibilidad al di谩logo. 

No puede haber di谩logo en un espacio que cita en su jornada inaugural s贸lo a una parte, dejando al resto como simples espectadores, sin posibilidad de expresar alg煤n concepto desde otra mirada. Un espacio deliberadamente sesgado que no respeta los pasos dados en estos a帽os: Ley 7722, leyes de creaci贸n y/o ampliaci贸n de 脕reas Naturales Protegidas, rechazo administrativo, legislativo, judicial y social de proyectos mineros, Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, Ley de Glaciares, etc.; ni reconoce que estos han sido producto de intensos procesos de participaci贸n ciudadana.

No hay di谩logo cuando se desconoce el marco normativo ambiental existente en el 谩mbito municipal, provincial y nacional. El fracaso del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que qued贸 trunco por irregularidades del proceso, es s贸lo un ejemplo reciente. Sin Ordenamiento Territorial no puede haber un desarrollo arm贸nico del territorio, mucho menos megaminer铆a.

No se puede dialogar cuando las autoridades que deber铆an controlar miran para otro lado, negando las irregularidades de proyectos mineros que sistem谩ticamente violan la legislaci贸n vigente. As铆, el proyecto San Jorge insiste con actualizar su DIA en base a una MGIA que ha sido rechazado en todas las instancias a las que ha sido sometida; y el Complejo Uran铆fero Sierra Pintada sigue sin cumplir con lo que la Ley y la Justicia le obliga en cuanto a la remediaci贸n de sus pasivos ambientales.

No se puede dialogar cuando es falso y ofensivo para quienes hemos participado todos estos a帽os, asegurar que no ha habido instancias de debate o que cada resoluci贸n a la que se arrib贸 fue apresurada. Cada tema convoc贸 a variados sectores y hubo instancias para exponer razones y fundamentos, a partir de las cuales se resolvi贸.

No se puede dialogar cuando son sistem谩ticamente pisados, negados o ninguneados los proyectos de desarrollo amigables con el ambiente y alternativos al modelo megaminero, planteados por las comunidades locales; como por ejemplo el proyecto de ley de creaci贸n del 脕rea Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que lleva 20 a帽os sin ser tratado por la Legislatura de Mendoza; el 脕rea Natural Protegida "Cerro Nevado" que tiene media sanci贸n legislativa, y el "Parque Nacional Pehuenche", entre otros.

Es por ello que no aceptaremos en esta mesa de 鈥渄i谩logo鈥� intentos expl铆citos o impl铆citos de modificar o flexibilizar, bajo ning煤n mecanismo, las protecciones ambientales obtenidas, deslegitimando el enorme esfuerzo que muchos mendocinos hemos hecho. Hacerlo, adem谩s de representar una burla a la buena fe, implicar铆a una violaci贸n del Principio de Progresividad establecido en la 鈥淟ey General del Ambiente鈥�, por el cual, sobre espacio o bien protegido no se pueden generar leyes o acciones que mermen o se contrapongan a esa protecci贸n ya consagrada, de acuerdo a derecho.

No podemos dialogar, en 茅pocas de crisis y ajuste, avalando un proceso que a los mendocinos nos costar谩 la suma de $2.000.000, demostrando adem谩s que no garantiza la participaci贸n real de todos los ciudadanos de la Provincia.

Por otra parte, afirmamos que, a pesar de sus estrategias comunicacionales o mesas de 鈥渄i谩logo鈥� contratando 鈥渆xpertos en felicidad鈥�, jam谩s tendr谩n licencia social para proyectos megamineros. Estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio, de nuestras culturas; y a fuerza de represi贸n, contaminaci贸n, destrucci贸n de las econom铆as regionales y saqueo de los bienes comunes, hemos aprendido y estamos informados, unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir c贸mo queremos vivir.

Nos declaramos en estado de rebeld铆a porque nos mienten, nos subestiman, nos estigmatizan y pretenden que seamos pueblos sumisos y sacrificables.