En una solicitada, Isolux rechazó el contenido de la denuncia penal que motivó el expediente. Afirmó que la central de Río Turbio "no es una usina estándar" porque tiene tecnología "más sofisticada que lo habitual", lo que no haría comparable su precio con el de otras centrales. Los presuntos sobreprecios en la obra son investigados por el juez federal Claudio Bonadio, que ordenó un peritaje sobre los costos de la usina, que realizará el Cuerpo de Peritos de la Corte, según detallaron fuentes judiciales. En el requerimiento de instrucción de este expediente, el fiscal federal Guillermo Marijuán individualizó como imputados al ministro de Planificación, Julio De Vido; al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y a dos ex subsecretarios provinciales.

El ministerio de Planificación emitió un comunicado en el que rechazó rotundamente la existencia de sobreprecios. Reiteró los argumentos que había dado cuando la denuncia se hizo pública. Isolux afirmó que es, "como mínimo, inapropiado" comparar el precio de la obra de Río Turbio con la chilena de Puchuncaví (que habría costado un 174% menos por MW) por la sofisticación de la primera y su ubicación geográfica. Esta comparación -a la que hace referencia el fiscal en su requerimiento- es uno de los argumentos que esgrimieron los diputados de la Coalición Cívica (CC) que denunciaron el caso. Ayer, el diputado Juan Carlos Morán, uno de ellos, ratificó la acusación. "Aún comparando con las usinas más caras, el precio de Río Turbio es mucho mayor que el promedio", dijo. Isolux rechazó, además, las denuncias de daño ambiental de la CC, Greenpeace y la Asamblea Ambiental de Río Gallegos. La presunta contaminación también se investiga en la causa penal.

Fuente: La Nación

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