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AGN denuncia que Enarsa dio permisos de exploraci贸n sin convocar a concurso

22/03/2010 | ARGENTINA | Actualidad | 222 lecturas | 314 Votos



La Auditor铆a General de la Naci贸n (AGN) elabor贸 un informe que cuestiona el funcionamiento de la Subsecretar铆a de Combustibles, 谩rea que depende de la Secretar铆a de Energ铆a y del Ministro de Planificaci贸n Federal, Julio De Vido.




El documento pone el acento en la actividad hidrocarbur铆fera desarrollada por la Subsecretar铆a durante el 2005. La exportaci贸n y exploraci贸n de hidrocarburos durante ese per铆odo se caracteriz贸 por la adjudicaci贸n de 谩reas remanentes a trav茅s del 鈥淧lan Argentina鈥. El informe pone al descubierto que la petrolera estatal Enarsa no realiz贸 un proceso concursal para entregar permisos de exploraci贸n. Tambi茅n destaca la inexistencia -dentro de la Secretar铆a- de soportes t茅cnicos e informaci贸n suficiente que permitan corroborar las reservas hidrocarbur铆feras determinadas por las empresas.


Asimismo, indica que las funciones clave de la Secretar铆a s贸lo re煤nen el 36% de la dotaci贸n de personal, entre otras cuestiones. Si bien el informe de la AGN se dio a conocer recientemente, estaba ya listo desde noviembre pasado, pero descargos de la empresa auditada y la falta de qu贸rum en el Colegio de Auditores para emitir dictamen postergaban su publicaci贸n. Seg煤n el detalle del extenso documento de 400 p谩ginas al que accedi贸 El Cronista, los puntos cr铆ticos son:


1) La pol铆tica presupuestaria y estructura organizativa. El informe marca que 鈥渆l financiamiento presupuestario aplicado a la Pol铆tica Hidrocarbur铆fera no guarda proporci贸n con la magnitud de las funciones que prev茅 la Ley 17.319 para la Secretar铆a. Tampoco es proporcional con el nivel de recursos que ingresan como consecuencia de su accionar鈥. Entran $89.351.000, aplic谩ndose a la ejecuci贸n de la pol铆tica de hidrocarburos s贸lo $15.890.000. El excedente de lo recaudado se devuelve al Tesoro. Asimismo, resalta que 鈥渆l 85% del personal es contratado, existiendo funciones de responsabilidad propias de funcionarios y agentes de planta鈥.


2) Permisos de exploraci贸n y concesiones de explotaci贸n. Seg煤n el documento, el mecanismo empleado por la empresa estatal Enarsa 鈥減ara la exploraci贸n y explotaci贸n sobre la Jurisdicci贸n Nacional fue el de la libre asociaci贸n鈥. En este sentido, resalta que 鈥渘o hay proceso concursal para otorgar permisos de exploraci贸n鈥, cualquier empresa que est茅 dispuesta a invertir en un 谩rea accede en forma directa, s贸lo asoci谩ndose. Asimismo da cuenta que 鈥渆xisten adjudicaciones de permisos y otorgamiento de concesiones cuya tramitaci贸n tuvo dilaciones o requerimientos injustificados previos a su aprobaci贸n鈥.


3) Registros y bases de datos. El informe pone al descubierto que el sistema de informaci贸n existente en la Subsecretar铆a de Combustibles no permite tomar conocimiento en forma integral del universo de las 谩reas hidrocarbur铆feras, de sus titulares y de las cesiones, por ejemplo. 4) Fondo fiduciario para la ampliaci贸n de la red de transporte de gas. En este sentido, dice que 鈥渓a aprobaci贸n de cargos tarifarios para el repago de las obras de los gasoductos Norte y Sur (por las ampliaciones iniciadas en 2004) se hizo mediante notas (de la Secretar铆a al Enargas) no dict谩ndose los actos administrativos pertinentes. As铆 apunta que 鈥渘o puede establecerse con precisi贸n el destino de los cargos tarifarios cobrados a los usuarios en el caso del Gasoducto Norte鈥.


5) Reservas. 鈥淚nexistencia dentro de la Secretar铆a de Energ铆a de los soportes t茅cnicos e informaci贸n suficiente que permitan corroborar las reservas hidrocarbur铆feras determinadas por las empresas鈥, dice el an谩lisis. 6) Subsidio al consumo residencial de gas. Asimismo, el informe establece que existe una 鈥渇alta de control por parte de la Secretar铆a de Energ铆a en la operatoria para percibir el recargo por el consumo de gas y girarlo al Fideicomiso en cuesti贸n鈥. Por 煤ltimo, da cuenta que 鈥渓os totales transferidos por el fideicomiso durante los ejercicios 2004 y 2005 fueron de $132.093.646 y $154.970.683, excediendo el tope establecido por el Decreto 786/02 de 100 millones de pesos anuales.

Fuente: El Cronista

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