El Consorcio Camisea, explotador del gas natural, deberá acceder a renegociar el pago de regalías del gas que será exportado para que no sean menores a las que paga por el gas destinado al mercado interno, tal como lo propuso el gobierno, pues de lo contrario las operaciones de la compañía extranjera podrían resultar insostenibles ante los conflictos políticos y sociales que ello podría desencadenar. Así lo advirtieron distintos especialistas y políticos de diversas tendencias ante la propuesta de renegociación de las regalías anunciada esta semana por el gobierno tras la presión de los pueblos, que ya habían advertido de lo irracional de pagar menos regalías a la hora de exportar.

Tal como lo adelantó el premier Javier Velásquez Quesquén, hoy se llevará a cabo la primera reunión de renegociación entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM), Perupetro y los ejecutivos del Consorcio Camisea. Será liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Aunque los ejecutivos del Consorcio Camisea no quisieron pronunciarse respecto a la propuesta del gobierno, ya adelantaron su rechazo al pedir “respetar los contratos como una forma de generar inversiones”.

YA HUBO OTRAS RENEGOCIACIONES

Sin embargo, el experto en energía Aurelio Ochoa recordó que son varias las oportunidades en las que se cambiaron las leyes y renegociado los contratos a iniciativa del Consorcio Camisea. Explicó que, para permitir la exportación de parte del gas del Lote 88, en julio del 2005 se promulgó la Ley 28552 que rebajó a sólo 20 años (sin horizonte permanente) el abastecimiento del mercado interno.

Y en diciembre del 2005, con el DS-050-2005-EM se autorizó a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para que sus reservas puedan ser exportadas (inicialmente sólo se iba a exportar del lote 56 de Camisea). Asimismo, el economista Humberto Campodónico explicó que también se benefició al Consorcio Camisea en la explotación del Lote 88 mediante el DL 818, que amplió el arrastre de pérdidas de la compañía de 4 a 8 años, le otorgó devolución anticipada del IGV y que los aranceles de importación se pagaran en siete años, y no de inmediato.

Fuente: La República (Perú)

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