El Ancasti tuvo acceso a una presentación interpuesta el 30 de junio pasado por los apoderados Guillermo Rubén Piccione, de Minera Agua Rica LLC (controlada por Yamana), y Soledad del Carmen Rodríguez, de CAMYEN.

En ella informan al Juzgado de Minas sobre un "contrato de exploración con opción de explotación” celebrado por ambas empresas el 27 de febrero de 2015 y solicitan la "suspensión de los plazos procesales” en el juicio por las minas de Cerro Atajo. A renglón seguido aclaran específicamente "que la presente solicitud no modifica los derechos de las partes con relación a estos obrados y tampoco implica renuncia alguna sobre nuestros derechos y las acciones instauradas”.

La presentación conjunta de Minera Agua Rica y CAMYEN confirma lo que El Ancasti dio a conocer a la opinión pública y desmiente lo que el Gobierno informó el 27 de febrero sobre la situación de Cerro Atajo.

En el terreno judicial Yamana obtuvo lo mismo que con el contrato de febrero: tiempo para mantener los derechos sobre Agua Rica a un costo mínimo, mientras espera la oportunidad más lucrativa para subastarlos.

La gestión de los ejecutivos de Yamana en la defensa de los intereses de sus mandantes es irreprochable. Los resultados de las tratativas no permiten decir lo mismo de sus colegas de CAMYEN.

De tan evidentemente pobre, el papel jugado por la conducción de CAMYEN se torna inverosímil. Se extiende la percepción de que los bochornos obedecen menos a la torpeza que a la predisposición para complicarse en componendas inconfesables.