Más allá del clima electoral que empuja a todo proyecto o plan a un lado u otro de los frentes del balotaje, la reciente sanción de la denominada ley Guinle fue muy celebrada en el incipiente mercado de la energía renovable nacional. También, hay que dejarlo asentado, recibió críticas. Quizá el rasgo distintivo –y el germen de la polémica– son las metas de participación en la generación eléctrica de 8% para el 2017 y de 20% para el 2025.

Llegar al primero de los objetivos, planificado para los próximos dos años, será como empezar de cero ya que actualmente las energías verdes significan el 0,6% de la potencia instalada del país. Ir hasta ese puerto significará la instalación –o el reemplazo– de unos 2.500 MW de potencia provenientes de fuentes renovables que, a la cotización actual, demandarán inversiones de alrededor de 6.000 millones de dólares.

En el nuevo esquema solo los grandes usuarios, aquellos que tienen una demanda igual o superior a 300 KW de potencia, están obligados a cumplir las metas bajo apercibimiento de multas dolarizadas. Estos representan el 30% del consumo total del país, aunque en la región se encuentran por debajo de esa participación.

Río Negro tiene 140 grandes usuarios con un promedio mensual de demanda de alrededor de 108 MW. En Neuquén quedan dentro de esa categoría 64 usuarios con algo así como 50 MW facturados por mes. Se trata de yacimientos petroleros, galpones de fruta, frigoríficos, bombeo de agua, mineras, centros de esquí, industrias y algunos supermercados y shoppings de grandes superficies.

Estos más de 200 "grandes" son parte del universo de los que deberán comenzar a contratar energía limpia en los próximos meses, algo que en el contexto de la matriz energética actual parece como un bien muy escaso.

La ley Nº 27191, aprobada por el Congreso en septiembre pasado, modifica el articulado de una norma con sello neuquino: la ley Nº 26190, de la que participó el presidente de la ADI Neuquén, el exgobernador Pedro Salvatori. El nuevo texto básicamente mejora las condiciones de inversión y los desarrolladores consultados creen que pueden conseguir un beneficio de hasta el 20% para el desarrollo de los proyectos.

A trazo grueso puede señalarse que son tres los puntos que mejoran la competitividad de los proyectos renovables en el país: 1) la posibilidad de acceder en simultáneo a los beneficios de la devolución del IVA y la amortización anticipada del impuesto a las Ganancias, 2) créditos impositivos por adelantado y 3) la exención de los aranceles de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.

Sin embargo, uno de los puntos incorporados con mayor relieve fue la creación del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder). Se trata de una fuente de financiamiento público y genuino para el desarrollo de este tipo de proyectos, cuyo principal déficit en todo el mundo es el acceso al mercado de financiación. En su composición se establece que sean el Ministerio de Economía como fiduciante y fiduciario y el Banco de Inversiones y Comercio Exterior como fiduciario.