Así se desprende de una "aclaratoria" presentada ante la propia Corte por el exsenador socialista Rubén Giustiniani, quien impulsó el reclamo que finalmente desembocó en la orden de revelar las cláusulas secretas del acuerdo.

La Corte Suprema aclaró en su último acuerdo que "el plazo para el cumplimiento de la condena deberá ser establecido por los jueces de la causa", es decir los integrantes del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal que intervinieron previamente en el expediente. El planteo de Giustiniani fue rechazado primero por la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo, y luego por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ellos serán los encargados de fijar los términos de la difusión del contrato entre ambas petroleras, lo que –en los hechos- preanuncia nuevas dilaciones, por cuanto esas resoluciones también son apelables.

El 10 de noviembre pasado, la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senado Giustinianri y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de Neuquén.

El máximo tribunal remarcó en su fallo que "las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF SA en la causa no eran suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y científicos".

La decisión, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social.