En f煤tbol hubiera sido una aplastante goleada por 7-0. Pero para la justicia basta decir que, despu茅s de 8 a帽os y muchas idas y vueltas en torno al voluminoso expediente, el voto de la totalidad de los ministros de la Suprema Corte dej贸 a salvo la constitucionalidad de la ley 7.722 que regula la miner铆a en Mendoza. Si bien el detalle del fallo se conocer谩 hoy, ayer ya era un hecho que, tras pronunciarse el presidente del M谩ximo Tribunal, Pedro Llorente, termin贸 de redondearse la unanimidad del fallo. En los fundamentos se superponen consideraciones en torno al derecho a la vida, la protecci贸n del ambiente y tambi茅n derechos consagrados por la Constituci贸n Nacional, para dejar en firme la prohibici贸n de sustancias contaminantes (谩cido sulf煤rico, ars茅nico, cianuro, mercurio) en la extracci贸n de minerales metal铆feros.

El litigio se remonta a 2007 cuando una docena de mineras con intereses en Mendoza, tras la promulgaci贸n de la ley, comenzaron a interponer sucesivas demandas individuales con un mismo foco: su inconstitucionalidad.

La causa se unific贸 con la car谩tula 鈥淢inera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acci贸n de inconstitucionalidad鈥�, y ocho a帽os despu茅s, con infinidad de informes y muchas protestas de organizaciones ambientalistas en el medio, la Suprema Corte hab铆a anticipado que se pronunciar铆a antes del fin de 2015. Sin dudas, el episodio desatado con la minera Barrick Gold en San Juan, por el derrame de soluci贸n cianurada en las aguas del r铆o J谩chal, aceler贸 la sentencia e incluso modific贸 posturas.

鈥淎dher铆 a mi preopinante con un voto en defensa de la ley. Tal como lo muestra la unanimidad del resultado, y si bien cada cual dio sus argumentos, no quedaron dudas. Si bien hay cuestiones constitucionales, coincidimos sobre todo en la defensa del agua luego de lo que pas贸 en San Juan鈥�, confi贸 en reserva uno de los ministros m谩s antiguos de la Suprema Corte mendocina ayer al mediod铆a, a la espera de que el fallo se hiciera p煤blico.

Claros como el agua

Medido, por cuanto hasta primera hora de la tarde a煤n no se conoc铆an los detalles de la sentencia, desde Buenos Aires el ministro de Econom铆a Enrique Vaqui茅 expres贸 su 鈥渁legr铆a鈥� por la resoluci贸n del M谩ximo Tribunal provincial. En su paso por la Legislatura, Vaqui茅 hab铆a sido coautor de la 7.722, y, ya como ministro, hab铆a se帽alado que con la miner铆a se hab铆a suscitado una confrontaci贸n estilo River-Boca, aunque prioriz贸 la necesidad de 鈥渦na revoluci贸n del agua鈥� para su uso productivo.

Mario Chabert, presidente de la Camem (C谩mara Mendocina de Empresas Mineras), admiti贸 que las expectativas no eran buenas para el sector. 鈥淟o que pas贸 con Veladero a partir de un informe period铆stico fue decisivo, y esto era lo que est谩bamos esperando... No es un fallo legal ajustado a derecho sino pol铆tico y producto de la presi贸n de un grupo de fundamentalistas de organizaciones pro-ambiente鈥�, afirm贸.

Las 10 empresas litigantes, en adelante, deber谩n decidir si siguen o no la v铆a del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Un antecedente lo constituye la CNEA (Comisi贸n Nacional de Energ铆a At贸mica), una de las firmas que form贸 parte de la cruzada contra la 7.722. Cuando el Supremo Tribunal de Justicia de C贸rdoba fall贸 a favor de una norma provincial similar a la de Mendoza en cuanto a sus restricciones, interpuso un recurso ante la Naci贸n.

鈥淓n este momento, hay una fuerte se帽al a favor del desarrollo minero a nivel nacional y escuchamos un discurso favorable tambi茅n de parte del subsecretario de Energ铆a provincial. Pero Mendoza es tan rica que no necesita recursos naturales para seguir viviendo, y podr谩 hacerlo con la vitivinicultura, a la que le va muy bien. Vamos a contribuir con la industrializaci贸n de San Juan, y esperamos que desde ahora ya no haya m谩s reclamos contra la miner铆a contaminante鈥�, ironiz贸 Chabert.

Sin embargo, durante la vigilia por el fallo definitivo, organizaciones ambientalistas como la Asamblea por el Agua, Autoconvocados de Uspallata y Multisectorial de Alvear, entre otras, llamaron a manifestaciones en distintos puntos de la provincia, con un mensaje directo para que la Suprema Corte se pronunciara en defensa de la constitucionalidad de la 7.722.

Hubo tres consignas: sin licencia social a la miner铆a, 鈥渆l agua no se negocia鈥� y 鈥減lena vigencia de la ley 7.722鈥�. El art铆culo 3 de la norma fue de los m谩s cuestionados por las mineras (de hecho, hasta 煤ltimo momento se esperaba al menos un voto por su inconstitucionalidad). Es el que, entre otros aspectos, plantea que los proyectos metal铆feros 鈥渄eben ser ratificados por ley鈥�, y que los informes sectoriales deben incluir una manifestaci贸n de impacto ambiental sobre recursos h铆dricos.

San Jorge: s贸lo un tercio de la inversi贸n quedar谩 en Mendoza

Desde hoy, cuando se conozcan las precisiones de la sentencia, empezar谩 a dilucidarse qu茅 ser谩 del futuro de varios proyectos mineros que aguardaban, para saber de sus planes. Adem谩s de Cerro Amarillo (p贸rfidos de cobre) y Hierro Indio, pendientes de aprobaci贸n legislativa, empieza a confirmarse el desdoblamiento del proyecto de cobre y oro San Jorge que, luego de extraer ambos metales del yacimiento en Uspallata, lo procesar谩 en San Juan. Est谩 en duda Sierra Pintada, que requiere de 谩cidos para la extracci贸n de uranio en el sur.

Por imperio de la ley, San Jorge ya se hab铆a reformulado. Del presupuesto original de U$S 600 millones, con unos 400 puestos de trabajo (inclu铆a extracci贸n y procesamiento por flotaci贸n en Mendoza), se redujo a U$S 300 millones, de los cuales inicialmente 1/3 quedar谩 en la provincia y el resto (tratamiento de 贸xidos) se concentrar谩 en San Juan.

Su presidente, Fabi谩n Gregorio, no descarta recurrir el fallo, que corrobora la imposibilidad de integrar el proceso en Uspallata. 鈥淗ab铆amos presentado un proyecto con los procedimientos acordes a la ley pero, ante un agravio jur铆dico en los fundamentos del fallo, seguiremos la instancia del recurso extraordinario que, sabemos, est谩 abierta鈥�, asever贸.

Para Gregorio, la afectaci贸n del fallo es 鈥渕enor鈥�, aunque reconoci贸 que, de haberse declarado la inconstitucionalidad de la ley, hubiera cambiado las cosas. 鈥淓l proyecto se achic贸 de 16 a 10 a帽os, y de 600 millones de d贸lares a la mitad. Una parte m铆nima de la inversi贸n total inicial quedar谩 aqu铆, sin contar las regal铆as鈥�, subray贸.