
Desactivar gradualmente el corsé tarifario de los servicios públicos y redireccionar y recortar subsidios son los principales objetivos en gas y electricidad. También intentará acercar los valores internos de los hidrocarburos a las referencias internacionales, algo que se lograría al final del mandato. Los últimos días de noviembre Juan José Aranguren, flamante ministro de Energía y Minería de la Nación, terminó la Maestría en Energía que cursó durante dos años en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), que depende de la UBA. El director de su tesis de posgrado será Raúl Bertero, presidente de esa entidad. En retrospectiva y con el calendario a mano, es tentador reconstruir el camino que va desde el inicio de su especialización hasta su asunción en la función pública.
Los conflictos mediáticos y judiciales con el kirchnerismo –enfrentó más de 50 causas penales por oponerse a la política de tope a los precios de los combustibles en surtidores– le valieron un acercamiento con la oposición, en especial con Ernesto Sanz y con Elisa Carrió. Ese carácter para defender su posición en soledad –el resto de los empresarios del sector optó por el silencio– terminó de validar la confianza de Mauricio Macri, que lo designó a cargo de un área sensible de su Gobierno.
El ex presidente de Shell Argentina, con un acabado expertise en el negocio de combustibles, amplificó en los últimos tiempos su visión para construir una mirada integral del sector energético. Ya no se trata sólo de comprender cada segmento de la cadena de valor de hidrocarburos, desde la exploración y producción hasta la distribución y comercialización de derivados.
Aranguren se interiorizó sobre el segmento de generación de energía, uno de los sectores que se puede convertir en un motor de inversiones, como así también en el área de distribución, uno de los negocios más golpeados por la decisión del kirchnerismo de mantener congeladas las tarifas residenciales en Buenos Aires y el Conurbano desde la caída de la Convertibilidad en 2001. De hecho, la precaria situación de Edenor y Edesur –las dos mayores distribuidoras del país, que concentran un 40% del mercado– lidera la agenda de temas que más le preocupan. En esa clave, una de las medidas que ya hizo pública es un programa para otorgar a los hogares de bajos recursos un subsidio equivalente al consumo de 150 kilowatts por hora mensuales de electricidad.
En la cabeza de Aranguren, la actualización de los cuadros tarifarios de la energía para la región AMBA es un paso crucial. El atraso en el esquema de facturación de la electricidad que se despacha en Buenos Aires es tan grande que alrededor de 2 millones de usuarios pagan menos de $ 1 por día por la electricidad que consumen. En la práctica, eso implica que un 40% de la región paga, en promedio, una factura de $ 30 mensuales. El nuevo ministro de Energía recibió un informe realizado por Juan Garabe sobre el estado técnico-financiero de Edenor y Edesur, donde constató que los costos totales de ambas compañías superan, en conjunto, los u$s 560 millones, un 70% más que en 2010.
Recomponer el valor que pagan los usuarios domiciliarios es clave para recuperar la derruida rentabilidad del sector eléctrico: si la intención es apuntalar inversiones de magnitud para instalar nuevas centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y nucleares, y empujar el desarrollo de las energías renovables, primero hay que establecer un precio atractivo para la electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Se trata, en definitiva, de volver a los pilares más elementales del mercado, como la existencia de precios competitivos y un marco estable de condiciones que permita encarar el mediano y largo plazo. De ahí la alta expectativa que despertó la designación de Aranguren entre las empresas de todo el arco energético.
Corsé tarifario
En esa dirección, una de las ideas que estudiaron en la Fundación Pensar, centro de políticas públicas del PRO, es ampliar la escala tarifaria, de manera de profundizar la segmentación de usuarios. Sobre esta base se instrumentará un sistema de premios y castigos para estimular el ahorro con recargos a quienes no lo hagan y descuentos a los clientes que lo consigan.
Esa decisión empalma con la de promover la eficiencia, que la llevará acabo una de las seis Secretarías con las que se estructurará la cartera energética dentro del nuevo Ministerio. Las cinco restantes: petróleo y gas; electricidad; energías renovables; nuclear; planeamiento y ahorro.
El segundo punto en la lista de urgencias que maneja Aranguren es la rea-signación de subsidios, que entre los economistas señalan como uno de los ítems responsables del creciente déficit fiscal: sólo el sector de electricidad precisará, este año que termina, aportes del Tesoro por más de $ 80.000 millones para garantizar su funcionamiento (la mayor parte se dedica a la compra de combustibles para producir energía).
Será clave, a entender de Aranguren, recuperar la competencia entre las empresas de generación de energía. Los privados tienen un margen de acción muy reducido. Su operación cotidiana está circunscripta al Estado, que les aporta el combustible para generar y audita sus costos para determinar cuánto deben recibir como remuneración bajo un esquema de “Costo-plus” implementado por el ministro de Economía saliente, Axel Kicillof. La apuesta de Cambiemos es que el costo de la energía bajará por una doble vía: de la mano de una mejora general de la economía (que abaratará el precio del capital) y a partir de un sistema de competencia entre las distintas empresas generadoras, similar al que regía a principios de los 90, apenas se privatizó el sistema eléctrico.
Gas
Al igual que con la electricidad, lo que pagan los usuarios domiciliarios tampoco alcanza a cubrir el costo real del fluido que consumen. Si bien el año pasado el kirchnerismo instrumentó una suba de las tarifas residenciales –con alzas de entre un 60% y un 550% en función del ahorro realizado por cada usuario–, los valores para los sectores domiciliarios continúan desfasados. Existe un elemento adicional: todo el esquema de precios y tarifas del sector energético está configurado en función de la cotización del dólar. Por lo que para poner valor en pesos a las boletas de gas y electricidad primero habrá que ver cómo se reconfigura el tipo de cambio.
Del valor de la divisa norteamericana dependerá, a su vez, el nivel de subsidios que demandará la importación de gas desde Bolivia y de barcos metaneros de LNG. Aunque se estima que la administración macrista intentará desandar la abultada cuenta de subsidios, lo más probable es que durante un tiempo se precisen subvenciones estatales para cubrir la compra de gas en el exterior. Este año, la cifra de subsidios para importar gas –administrada por Enarsa, la empresa estatal creada por el kirchnerismo, que tiene futuro incierto– superó los $ 50.000 millones. Una de las primeras medidas de Aranguren será evaluar a fondo los mecanismos de importación de LNG para 2016. También hay sectores cercanos a la Fundación Pensar que plantean la necesidad de renegociar el contrato de compra de gas desde Bolivia.
Aranguren se dateó en los últimos meses acerca de los vericuetos del negocio gasífero. Por caso, María Tetamanti, directora comercial de Metrogas, que es propiedad de YPF, le brindó un informe detallado del negocio de distribución y comercialización de gas. En esa tarea también colaboró Guillermo Cánovas, gerente de Recursos Humanos de Trans-portadora Gas del Norte (TGN), que opera la red de gasoductos en la región centro-norte del país.
Hidrocarburos
Otra decisión central que deberá apurar Aranguren antes de que termine 2015 será fijar los precios internos del petróleo y el gas para el año entrante. El petróleo extraído en Neuquén, de mejor calidad, se pagará hasta diciembre a u$s 75, un 85% más que en Estados Unidos. Aranguren afirmó que apunta a prorrogar en 2016 un acuerdo sectorial para mantener desfasados los valores del crudo mientras la cotización internacional continúe depreciada, pero lo más probable es que el importe doméstico del petróleo sufra una importante retracción que, de nuevo, en gran medida estará signada por cómo evalúe el tipo de cambio. A mayor devaluación del peso, más bajará el precio local del petróleo medido en dólares.
El próximo Gobierno también deberá definir qué sucederá con el precio interno del gas, el principal combustible de la matriz energética argentina. El Gobierno puso en marcha hace dos años un Programa de estímulo a la inyección de gas –conocido como Plan Gas– para subsidiar la nueva oferta del fluido. La iniciativa demanda del Tesoro casi u$s 2.000 millones. La administración de Macri deberá decidir sobre la continuidad o no del programa, que otorgó incentivos que lograron frenar la declinación de la producción local del hidrocarburo. La fijación de los precios domésticos del petróleo y el gas es clave para proyectar el nivel de inversión que podrá apuntalar YPF. El capex de la petrolera reestatizada llegó hasta los u$s 6.000 millones este año. En 2016 ese presupuesto se verá sensiblemente reducido.
La difícil tarea de armar un diagnóstico
Desde principios de año y fundamentalmente a partir del 1 de julio, cuando Juan José Aranguren dejó la presidencia de Shell Argentina para abocarse de lleno a la coordinación de los equipos energéticos de la fundación con sede en el barrio de San Telmo, una veintena de profesionales de la industria se acercó para colaborar –con mayor o menor dedicación– con el armado de un diagnóstico y plan de acción para cada negocio de la industria. Entre sus colaboradores de confianza figuran Andrés Chambouleyron, economista e ingeniero especializado en regulación de servicios públicos, y Sebastián Scheimberg, que podría quedar a cargo de Planeamiento. Este último es cercano a Daniel Montamat, ex secretario de Energía, que también podría integrar el gabinete.
En las últimas semanas antes de asumir, Aranguren mantuvo reuniones con especialistas de cada segmento del sector energético. Carlos Bastos, ex secretario de Energía del menemismo, aportó un diagnóstico inicial del sector de generación de electricidad. Pero desde hace tiempo que perdió contacto. José Tierno, gerente comercial de Duke Energy, brindó un panorama sobre el mismo negocio. Llegó de la mano de Guillermo Fiad, ex presidente de la generadora norteamericana y actual director de G-25, el think tank encargado de acercar al PRO profesionales de empresas privadas con intención de sumarse a la gestión pública.
En materia de electricidad también tendrá peso propio la voz de Alejandro Macfarlane, dueño de Edelap, la empresa que presta servicio en La Plata y el interior de la provincia de Buenos Aires, quien mantiene una relación de amistad con Macri. Macfarlane tiene conocimiento también del negocio de distribución de gas, dado que es accionista minoritario –junto con Christian Colombo, ex jefe de Gabinete de la Alianza– de Camuzzi Pampeana y Gas del Sur, la empresa que más gas distribuye en todo el país.
Al igual que la eléctrica, la pata petrolera de la Fundación Pensar tampoco es tan nítida. Daniel Gerold, tal vez el consultor más reconocido del sector, preparó hace unos meses un estudio sobre el upstream de hidrocarburos. Del negocio de la exploración y producción de petróleo y gas también provienen directivos de segunda línea de las principales petroleras del país, como Pablo Campana y Daniel Dressden, del área de Desarrollo de Negocios de Pluspetrol, una empresa de capitales locales de bajo perfil que en los últimos años se posicionó como el tercer productor de hidrocarburos del país.
YPF, principal jugador del mercado, también acercó ejecutivos que participaron de varias reuniones en el edificio de cinco pisos de la entidad que preside Francisco “Pancho” Cabrera, hombre de extrema confianza de Macri y flamante ministro de Producción. De varias de esas reuniones participó Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que en las últimas semanas mantuvo reuniones con distintos representantes de empresas privadas. En tanto que también participaron ex directivos de la petrolera reestatizada, como Diego Díaz, ex gerente de Activos.
Fuente: Revista Petroquímica
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