El ministro Juan José Aranguren encara actualmente las negociaciones con el objetivo declarado de que la devaluación del tipo de cambio oficial se traslade sólo parcialmente a los consumidores, para evitar el contagio a los otros precios y contener la inflación por lo menos hasta las paritarias.

Pero el logro de ese objetivo podría tener consecuencias graves en otros aspectos que ya vienen difíciles, como el mantenimiento de la actividad y el empleo en el sector petrolero, y la situación fiscal de las provincias productoras. Con precios internacionales por debajo de u$s 38, la actividad se ve muy perjudicada en el Golfo de San Jorge, donde el 40% de la producción se destina a la exportación, y en Vaca Muerta, donde los costos son mayores que en la explotación tradicional.

Hasta esta semana, el precio local del petróleo se ubicaba en virtud del acuerdo del Gobierno de Cristina de Kirchner con productoras entre u$s 66 para el crudo del Golfo y u$s 77 para el neuquino.

A ese valor en dólares las productoras facturan el petróleo a las refinadoras de modo que luego de la devaluación, éstas últimas pagan más pesos mientas los precios al público no se movieron. Según se sabe, Aranguren quiere que el valor local del petróleo se reduzca entre un 12% y un 15%.

Cree que las productoras y las provincias que cobran regalías sobre ese precio pueden soportarlo porque considera que por la devaluación la cantidad de pesos que recibirán será la misma o mayor, y que la mayoría de los costos, empezando por los salariales, se mueven en pesos.

Ese razonamiento tiene la debilidad de que faltan los aumentos salariales de 2016, a lo que el ministro de Energía responde pidiendo flexibilización laboral a los sindicatos y fuerte contención de los reclamos de suba. Con todo, para algunas petroleras los números no cerrarían y en Comodoro Rivadavia se observa con preocupación que Tecpetrol del Grupo Techint no acudió el martes a los encuentros con autoridades locales y sindicatos que promovieron Aranguren y Triaca en Buenos Aires por la actividad en su yacimiento del sur de Chubut.

En el siguiente nivel de la cadena productiva, el ministro busca que las refinerías no trasladen al público el precio del petróleo que pagan a las productoras según el valor del dólar. En números sería que si el precio del crudo baja entre un 12% y un 15% y la devaluación fue del 40% , las refinerías apliquen una suba del 15%.

Pero el pedido también incluye que no haya aumentos de los combustibles entre enero y marzo y que el 15% de suba que se aplique desde el 1 de abril se distribuya en dos cuotas o más durante el año, sin otros incrementos. A cambio les estarían ofreciendo a las refinerías contener a los traders que aspirarían a ingresar combustible importado para el campo o para las estaciones blancas.

Esa contención no sería a través de impuestos, sino a través de una limitación a las importaciones manejando las autorizaciones, lo que sería poco firme. Pero también puede interpretarse que si las refinadoras no aceptan los términos del acuerdo, se podría abrir la importación de combustibles, lo que terminaría de golpear a la actividad local.

Esta propuesta que parte de suponer que el tipo de cambio está estabilizado para todo 2016 no impacta igual en todos los actores. Los más perjudicados serían los trabajadores petroleros, YPF que perdería capital de trabajo y las refinerías con menos participación de mercado como Oil y Petrobras.