Según consigna el medio trasandino La Nación, el anuncio se dio en el marco de la celebración del Día de la Industria de Minera, jornada en la cual los empresarios del sector anticiparon también la creación de un organismo privado, conformado por universidades, institutos tecnológicos y técnicos independientes, que tendrá como objetivo de velar por las buenas prácticas del sector, sobre todo con la comunidad y el medio ambiente.

La industria busca recuperar protagonismo luego de algunos años de parálisis y fuerte conflictividad con las comunidades locales y las autoridades nacionales y, en algunos casos provinciales. Como parte del plan de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para 2021, prometen exportaciones por US$ 25.000 millones, aportes al fisco por U$ 6500 millones y la capacidad de generar al menos 40.000 nuevos empleos (sobre un total de 90.000 ya existentes, entre directos e indirectos). Tres regiones concentrarían prácticamente la totalidad de la inversión minera en el período: Cuyo, el Noroeste argentino y la Patagonia.

"La minera puede convertirse en lo que la agricultura representa para la Pampa Húmeda", aseguró el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, encargado de cerrar el seminario al que convocó la CAEM.

"Tenemos un desafío comunicacional de demostrar qué es la minería. Necesitamos trabajar mucho para recuperar el sentido común perdido, en nuestra sociedad y en el sector minero. Hay muchos que nos hablan con prejuicios. No hay que responderles con fundamentalismos", sostuvo a la prensa trasandina.

Las inversiones prometidas, sin embargo, están en gran medida atadas a que la industria pueda destrabar la actividad en varias provincias clave, entre ellas, Chubut y Mendoza, donde hay una prohibición para operar y hay grandes proyectos paralizados, como son los casos de San Jorge y Vale, o de Navidad (el proyecto de plata más grande del mundo).

Las mayores inversiones, según el plan, se concentrarían entre 2018 y 2020, con USD 14.589 millones, durante la construcción de los mayores proyectos: El Pachón, Taca-Taca, Agua Rica y Los Azules. Otros proyectos que podrían comenzar a construirse rápidamente, aseguran, son el den Navidad (Chubut), Chinchillas (Jujuy) y Lindero (Salta).

Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri -que le generó fuertes críticas de algunos sectores- fue la de eliminar las retenciones para la industria minera. El presidente de la CAEM, Marcelo �lvarez, defendió la medida y aseguró que si bien el costo fiscal de la decisión es de USD 325 millones, permitirá liberar proyectos de inversión que estaban congelados que podrían representar para el Estado ingresos por mucho más del doble.

"Sólo sacando adelante dos proyectos, se va a pagar en Ganancias más que lo que fue el costo de la eliminación de las retenciones", explicó �lvarez. "Amén de otras ventajas, como el empleo y la extensión de la vida útil de algunos proyectos, como el de Alumbrera, Manantial Espejo o Pirquitas, que ya estaba en su última fase", sostuvo.

La CAEM estima que en un escenario hipotético sin quita de derechos de exportación, para 2018, la recaudación fiscal apenas hubiera superado a la estimada actualmente en unos USD 40 millones. En cambio, se hubieran perdido ese mismo año USD 423 millones en exportaciones y casi 19.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

Hoy, destaca la CAEM, el sector explica el 17% del empleo privado registrado de Santa Cruz, un 9% en San Juan y un 7% en Catamarca. Pero, con la construcción de nuevos proyectos, aseveran, la minería pasar de generar un total de 27.000 puestos de trabajo directos a más de 38.000 puestos a 2021 (considerando proyectos en construcción y operación). Durante la construcción de los proyectos de mayor envergadura, se superarían los 41 mil puestos directos (nómina). A esa nómina se suman los empleos indirectos, que podrían llevar el número de beneficiados a un total 135.000 familias para 2019.

Durante la jornada, no obstante, los empresarios del sector hicieron una suerte de mea culpa de su actividad en el país. No hubo expositor en la conferencia que tuvo lugar en el predio de Parque Norte que no admitiera la necesidad de trabajar sobre las comunidades y de mejorar la comunicación.

"La minería tiene una gran deuda con la sociedad", sostuvo a  La Nación Ã�lvarez. "Tiene que empezar a dar la cara, las compañías tienen que trabajar con la sociedad, y explicarle de qué se trata la actividad; romper con los prejuicios pero también tienen que escuchar lo que la sociedad tenga para decir".

Sin embargo, los empresarios vivieron su momento incómodo durante la mañana, cuando el abogado Daniel Sabsay, quien había sido invitado como expositor, hizo una fuerte crítica hacia algunas compañías de la industria. "A muchas empresas sólo les importa el beneficio económico", sentenció Sabsay, quien fustigó sobre todo a la minera Barrick Gold, tras el accidente del año pasado en su mina, El Veladero, en San Juan.

"La CAEM celebra la libertad de expresión, pero no lo comparte la visión del Doctor Sabsay, el prejuicio contra la industria minera no permite crear trabajo y traer bienestar a la sociedad", dijo, luego, �lvarez, visiblemente incómodo, pero ante un auditorio que celebró sus palabras con un moderado aplauso. "Debemos retomar el desafío, la industria minera solo puede ser rentable si es responsable", sentenció, no obstante.

Como parte del cambio que intenta mostrar hacia adelante la industria en términos de responsabilidad social está la creación de un organismo privado para la vinculación del sector con medio ambiente y las comunidades. La idea es que haya un organismo con técnicos independientes, que sea creíble y sirva para velar por las buenas prácticas de la industria.

Según expuso Gerardo Sanchíz Muñoz, de la Universidad Católica Argetina (UCA), de acuerdo con distintos indicadores, la Argentina está arriba en los primeros puestos en materia de conflictividad, pese a que la actividad es cuatro veces menor que países como Chile o dos veces más chica que en Perú.

"Los conflictos más recientes son una serie de cuestiones que muestran la debilidad del vínculo entre empresas y comunidades, y la necesidad de una respuesta que no sea la que habitualmente se acostumbra que es la prohibición de actividad. Pero esa es la política más fácil y no necesariamente la mejor", dijo Sanchíz Muñoz. "Hay una necesidad de establecer incentivos flexibles y buenas prácticas, aprovechar las mejores experiencias internacionales".