Desde el año próximo, la estatal Cammesa perdería su rol de mayorista e intermediaria. Los privados pactarían los contratos de distribución eléctrica sin participación estatal.

Las compañías calculan que la “liberalización” permitirá un ahorro de hasta US$ 3.000 millones.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, instruyó a sus funcionarios para que dialoguen con empresarios del sector. La mayorista Cammesa hoy compra gas y combustibles para la generación térmica. Pero la idea del Gobierno es que las generadoras - Enel, Central Puerto, Pampa, AESYPF- se encarguen de esa tarea.

El país desembolsa cerca de US$ 10.000 millones anuales en la compra de energía eléctrica. Los privados creen que si negocian el gas por su cuenta y los combustibles (se necesita gasoil) podrían conseguir que esa cuenta baje a US$ 7.000 millones. Es un ahorro de US$ 3.000 millones.

Las generadoras negociarían en forma directa con los grandes compradores, como la industria y las empresas de distribución eléctrica a hogares (Edesur, Edenor). Como una muestra de la voluntad de cambio, el Estado dejará de hacerse cargo de la compra de los combustibles para las generadoras. La Secretaría de Energía autorizó a las generadoras eléctricas a abastecerse del combustible necesario para la generación de energía eléctrica sin la intermediación del Estado, a través de una resolución.

Cuando Cambiemos llegó al poder, el Estado pagaba un 90% del costo de la generación eléctrica. Tras los sucesivos aumentos de tarifas, el Estado nacional llegó a subvencionar un 30% de ese costo, ya que la demanda -hogares e industrias- comenzó a pagar y cubrir un 70% de las erogaciones.

Sin embargo, la devaluación comenzó a cambiar la ecuación sobre los costos eléctricos, que están en dólares.

La estatal Cammesa tuvo que reconocer la depreciación del peso frente al dólar y, nuevamente, el Estado se convirtió en el mayor aportante de la industria. Durante estos meses, los subsidios del Estado nacional cubren un 60% de los costos.

Dentro de las empresas de generación no saben qué postura tomará el Gobierno frente a la próxima renegociación de tarifas para residenciales Algunos hasta aventuran que quizás los incrementos sean inferiores a los aplicados entre 2016 y 2018.