Tras las duras e interminables negociaciones con los tenedores de deuda argentina caídos en default en 2001 -cuyo último capítulo acabó con el acuerdo cerrado con los holdouts en 2016- es uno de los juicios más delicados que enfrenta el país: en el delicado expediente por el reclamo que el Grupo Eskenazi hizo tras la estatización de YPF en 2012, y que luego le vendió al fondo Bradford, está en juego una posible indemnización cercana a 3.000 millones de dólares. 

La causa, que tendría una sentencia en el transcurso del año que viene, enfrenta un paso clave en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hace un mes, los abogados que representan al país apelaron a ese tribunal para establecer si la estatización de 2012 fue un acto soberano protegido por la inmunidad reconocida a los Estados extranjeros o si se trata de un mero acto comercial, que no tendrá esa protección. La decisión es clave en la continuidad del juicio que el fondo Bradford -que comanda el litigio iniciado por el Grupo Petersen tras los perjuicios causados por la nacionalización de la petrolera- mantiene con la petrolera estatal, por unos 3000 millones de dólares. 

El planteo es clave, porque también interpela a la política exterior de los Estados Unidos y su relación con otros Estados soberanos. Como la jurisprudencia al respecto está dividida, las esperanzas de que la Corte intervenga son mayores. Pero el dato más relevante en este delicado ajedrez es que Argentina consiguió que Chile y México se presentaran como amicus curiae  en la causa, en apoyo a la posición argentina. La Corte debe decidir si los acepta. El respaldo de Chile es histórico, nunca antes había intervenido a favor de nuestro país en situaciones similares. 

Los pedidos de ambas naciones, anunciados esta semana, también podrían influir para que la Corte acepte la apelación argentina. Además de los dos Estados, también se presentaron como "amigos del tribunal" siete académicos estadounidenses de distintas universidades que admiten la importancia del planteo. La respuesta de la Corte podría conocerse a mediados de enero.