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Los puntos en disputa que demorar√°n el traspaso de Edenor y Edesur

14/03/2019 | ARGENTINA | Actualidad | 250 lecturas | 0 Votos



El acta acuerdo firmada entre Naci√≥n, Ciudad y Provincia a fines de febrero incluye tres √≠tems sobre reclamos econ√≥micos de las empresas que en algunos casos se retrotraen hasta 2002. Fuentes cercanas a la negociaci√≥n ven dif√≠cil que haya un cierre en medio de la campa√Īa electoral.




El ministro de Hacienda, Nicol√°s Dujovne, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodr√≠guez Larreta, y la gobernadora bonaerense, Mar√≠a Eugenia Vidal, firmaron el pasado 28 de febrero un acta para avanzar con el traspaso de las distribuidoras el√©ctricas Edesur y Edenor a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, fuentes cercanas a la negociaci√≥n reconocieron a EconoJournal que ser√° dif√≠cil cerrar esa transferencia este a√Īo en medio de la campa√Īa electoral porque para ello es necesario poner fin a tres reclamos empresarios que, en algunos casos, se arrastran desde 2002.

Al final de la segunda p√°gina del acta se aclara que ‚Äúlas partes consideran necesario que, en el marco del traspaso, se d√© una soluci√≥n integral a los reclamos pendientes entre el EN y las distribuidoras‚ÄĚ. A continuaci√≥n se detallan los tres puntos pendientes de resoluci√≥n:

a) Reclamos vinculados con el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el EN y las Concesionarias en 2006, y con el correspondiente Per√≠odo de Transici√≥n (entre el 6 de enero de 2002 y la revisi√≥n tarifaria integral, RTI, que entr√≥ en vigencia el 1¬ļ de febrero de 2017);

b) Reclamos relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, exclusivamente respecto del porcentaje comprometido por el Estado Nacional (Nuevo Acuerdo Marco); y

c) Reclamos en relación con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

La Revisión Tarifaria Integral de 2017 parecía haber saldado la discusión sobre los efectos de la pesificación de 2002, pero el punto a) deja en claro que todavía quedan reclamos pendientes de las empresas vinculados con el congelamiento tarifario y la demora que tuvo el Poder Ejecutivo para aplicar el acta acuerdo firmada con las distribuidoras en febrero de 2006. Además, en ese punto también están en juego las multas que se le fijaron oportunamente a las distribuidoras por los problemas en la calidad del servicio. Las firmas argumentan que a las mismas se les aplicaba el IVC (variación de costos) y a la tarifa no, por lo que se produjo un descalce.

A su vez, el reclamo incluido en el punto b) se debe a que los municipios firmaron con las distribuidoras convenios donde se hacían responsables del pago de medidores comunitarias en asentamientos y barrios carenciados, pero luego muchos dejaron de pagar. Esa deuda la asumió el Estado Nacional y es la que se está negociando.

Por √ļltimo, en el punto c) las empresas reclaman, adem√°s de pagos atrasados de la tarifa social, por diferencias surgidas entre el monto efectivamente subsidiado al consumo y el estimado por la Compa√Ī√≠a Administradora del Mercado El√©ctrico Mayorista (CAMMESA) a nivel del costo el√©ctrico mayorista.

Fuentes cercanas a la negociación aseguraron a EconoJournal que las diferencias están cerca de ser resueltas desde el punto de vista técnico, pero el problema es político ya que cualquier deuda que se reconozca a favor de las distribuidoras por el período 2002-2018, con tantos incumplimientos cruzados de por medio, seguramente será objetada judicialmente y si el funcionario nacional que haya avalado el cierre de esa negociación no tiene el poder político suficiente podría tener que iniciar un largo desfile por los tribunales.

Fuente: Econojournal

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