Y si lo hace, si mantiene o no los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia. Si esto sucediera, lo más probable es que la Argentina tenga que comenzar a negociar la manera de pagar u$s1.740 millones, más intereses a los demandantes. Pero, además, el Gobierno de Mauricio Macri, o de quien lo suceda, tendrá que tomar una decisión aún más polémica: si le pide o no a la jueza norteamericana Loreta Preska, aplicar la cláusula “Discovery”, por la cual el país podrá reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra. 

La decisión final la tendrá la magistrada, que heredó el sillón que en su momento ocupara Thomas Griesa, que en definitiva tendrá en sus manos desatar o no un nuevo escándalo de corrupción en la Argentina. La magistrada de primera instancia del segundo distrito sur de Nueva York, que tendrá en su poder la resolución final de la causa que el fondo Burford le está siguiendo al país por la reestatización de YPF en 2012, podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de pagar o de rechazar la liquidación que reclaman los demandantes, y que podría llegar a los u$s3.000 millones. Esto pasará si Preska habilita el mecanismo de “Discovery Process” por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero. Si esto sucediera, se conocerían quiénes son, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales. 

En ese listado, se sospecha tanto en Buenos Aires como en el propio tribunal de Nueva York, los nombres que podrían aparecer serían sorpresivos y podrían incluir incluso apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska. En tiempos de especulación podría incluso pensarse que podría haber en ese listado ex y actuales funcionarios, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri. También empresarios y hombres de negocios en general. En todos los casos se trataría de personas que intentaron especular a que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería, con lo que el país estaría condenado a pagar una suma millonaria en dólares que le permitiría a los accionistas apostadores una rentabilidad inédita a nivel mundial. Superaría incluso, en dólares, la inflación en pesos acumulada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Un negocio único a nivel mundial.

La decisión de la jueza de Nueva York no será inmediata y dependerá de la presión que aplique (o no) el Gobierno argentino en el momento en que la causa retorne a los tribunales primarios de Nueva York.

La amplitud de ese requerimiento dependerá de la decisión de la propia Preska, la que podría estar influenciada por la vehemencia que una de las partes pueda reclamarle. Por ejemplo, la Argentina podría pedirle a la magistrada un pedido amplio para ejercer el derecho a saber a quiénes, con nombre y apellido, habrá que pagarle en el caso de una sentencia final negativa. En ese momento será una cuestión de Preska hacer el corte del pedido de información. (...)